El Ayuntamiento de Madrid cerrará sus cuentas de 2025 con una cifra que pocos anticipaban: la recaudación por sanciones de tráfico rondará los 423 millones de euros, según las estimaciones elaboradas por la asociación especializada en recursos de multas Dvuelta. El dato supone prácticamente duplicar la previsión inicial del propio consistorio, que situaba estos ingresos en torno a los 208 millones.

Aunque en una ciudad con millones de desplazamientos diarios la recaudación por multas pueda parecer elevada pero asumible, el salto resulta especialmente llamativo al compararlo con las previsiones presupuestarias y con otros organismos. De hecho, el cálculo de Dvuelta sitúa a Madrid muy cerca de los aproximadamente 539 millones de euros que ingresará en 2025 la Dirección General de Tráfico en todo el país, excluyendo Cataluña y el País Vasco, donde las competencias sancionadoras están transferidas.

Las proyecciones parten de los últimos datos oficiales difundidos por el propio Ayuntamiento de Madrid, que sólo recogen el periodo comprendido entre enero y julio de 2025. En esos siete meses ya se habían contabilizado 191,3 millones de euros en multas, un 12% más que en el mismo tramo del año anterior, lo que anticipaba un cierre de ejercicio muy por encima de lo previsto.

Para Dvuelta, el origen de este incremento sin precedentes no está en un aumento puntual de infracciones, sino en el diseño y la aplicación de las Zonas de Bajas Emisiones. En particular, la ampliación de la ZBE al entorno de la M-30 y a su interior ha tenido un impacto directo en el volumen de sanciones.

Un informe publicado en noviembre por Automovilistas Europeos Asociados ya apuntaba en esa dirección: el perímetro de la M-30 se había convertido en la zona con más denuncias por acceder sin el distintivo ambiental correspondiente. Solo entre enero y julio se registraron 265.115 sanciones, que generaron unos ingresos de 52,2 millones de euros.

Desde Dvuelta, su portavoz Pedro Javaloyes considera que las cifras evidencian un problema de fondo. A su juicio, si el objetivo real de las ZBE fuera concienciar y reducir infracciones, el balance debería reflejar menos multas y no máximos históricos de recaudación. En este sentido, advierte de que la señalización confusa y la proliferación de cámaras convierten al conductor en un mero recaudador involuntario para la administración local, bajo el mandato del alcalde José Luis Martínez-Almeida.

Este debate cobra aún más relevancia si se tiene en cuenta el contexto judicial. La Justicia anuló la ZBE implantada por el equipo de Almeida tras una denuncia presentada por VOX, al considerar que no se había tramitado conforme a derecho. Pese a ello, el sistema sancionador ha seguido generando ingresos récord mientras se redefinen las bases legales del modelo.

Así, Madrid se encamina a cerrar 2025 con una recaudación por multas sin precedentes, impulsada en gran medida por las ZBE, pero rodeada de polémica tanto por su impacto económico sobre los conductores como por las dudas jurídicas que aún pesan sobre su implantación.