Automovilistas Europeos Asociados (AEA) ha acusado al Ayuntamiento de Madrid de mantener abiertos millones de expedientes sancionadores y continuar ejecutando embargos relacionados con las Zonas de Bajas Emisiones, pese a que la Justicia anuló los preceptos esenciales de la anterior ordenanza, según recoge Vozpópuli.

La asociación ha presentado un requerimiento formal ante la Junta de Gobierno presidida por José Luis Martínez-Almeida para exigir la anulación de oficio de todas las multas pendientes impuestas al amparo de la normativa anulada y la paralización inmediata de los procedimientos de apremio, recargos y embargos.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid declaró en septiembre de 2024 la nulidad de los artículos que configuraban Madrid ZBE y las zonas de especial protección de Centro y Plaza Elíptica. La resolución adquirió firmeza en abril de 2026, después de que el Tribunal Supremo inadmitiera el recurso de casación presentado por el Consistorio.

AEA sostiene que la nulidad de esos preceptos produce efectos generales y elimina la cobertura jurídica de las sanciones pendientes de pago. Por ello, considera que seguir cobrando multas basadas en la anterior ordenanza vulnera el principio de legalidad.

Más de 3,5 millones de multas

A partir de los datos publicados en el Portal de Transparencia municipal, la organización calcula que el Ayuntamiento tendría que revisar o anular más de 3,5 millones de denuncias, cuyo importe conjunto se aproximaría a los 700 millones de euros.

AEA denuncia además que la Agencia Tributaria de Madrid continúa embargando cuentas de automovilistas con sanciones pendientes relacionadas con las restricciones anuladas.

El Ayuntamiento, sin embargo, rechaza que la sentencia obligue a devolver de forma automática todas las cantidades cobradas y sostiene que las sanciones firmes no quedan anuladas con carácter general. Esta discrepancia anticipa una nueva batalla judicial de enormes consecuencias económicas para las arcas municipales y para millones de conductores.

El Pleno municipal aprobó el pasado 24 de marzo una nueva Ordenanza de Movilidad Sostenible, que mantiene las restricciones a los vehículos sin distintivo ambiental. La norma entró en vigor en abril y ha sido recurrida también por AEA.

La asociación acusa al Gobierno municipal de haber reproducido en esencia el sistema anterior y recuerda que Madrid sigue cobrando el impuesto de circulación a propietarios de vehículos a los que posteriormente impide acceder a buena parte de la capital.