El Ayuntamiento de Madrid ejecutará este viernes el desahucio de Raúl, un vecino de Vallecas de 64 años que padece un cáncer de recto en fase avanzada, y de su esposa Amelia, de 63 años, después de más de veinte años residiendo en una vivienda protegida de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS). La medida se produce tras una larga batalla judicial originada por una deuda de alrededor de 5.000 euros acumulada hace más de una década.
La pareja adquirió la vivienda en 2006 mediante un contrato de compraventa con la EMVS. Según relatan los afectados, dejaron de abonar las cuotas en 2009 cuando Raúl perdió su empleo como electricista y no logró reincorporarse al mercado laboral. El Ayuntamiento denunció entonces el impago y los tribunales resolvieron la anulación del contrato.
Aunque el desahucio fue acordado judicialmente hace años, nunca llegó a ejecutarse. El procedimiento quedó paralizado de facto durante más de una década hasta que el Consistorio decidió reactivarlo. Ahora, catorce años después del primer intento de lanzamiento, la pareja deberá abandonar la vivienda.
Los afectados aseguran que han intentado negociar con la EMVS un pago fraccionado de la deuda para conservar la vivienda, pero sostienen que el Ayuntamiento se ha negado a cualquier acuerdo. Desde el organismo municipal argumentan que la compraventa quedó resuelta judicialmente y que los ocupantes dejaron de ser propietarios hace años, por lo que no existe base legal para regularizar su situación.
Amelia denuncia que la empresa pública, creada para facilitar el acceso a la vivienda, «va a dejar en la calle» a una pareja de más de 60 años en una situación especialmente delicada. «No quieren negociar, no quieren que paguemos, lo que quieren es quitarnos el piso«, lamenta.
La defensa de la pareja solicitó la suspensión del desahucio alegando razones médicas y humanitarias. Raúl se encuentra actualmente bajo tratamiento oncológico y ha recibido sesiones recientes de quimioterapia y radioterapia. Sin embargo, la petición fue rechazada por el juzgado.
En su resolución, la magistrada recuerda que la cuestión principal ya fue resuelta hace años mediante una sentencia firme que anuló la compraventa por impago. Asimismo, sostiene que el procedimiento no se fundamenta en una situación actual de impago, sino en la ejecución de una resolución judicial pendiente desde hace más de una década.
La juez también señala que, aunque el afectado recibe tratamiento contra el cáncer, no existe acreditación de que deba permanecer encamado de forma permanente ni de que no pueda residir en otro domicilio. Además, subraya que la familia conocía la situación judicial desde 2010 y que ha dispuesto de tiempo suficiente para buscar una alternativa habitacional.
Pese a ello, la abogada de la pareja presentó una nueva solicitud de aplazamiento extraordinario por razones de proporcionalidad y humanidad, advirtiendo de que el lanzamiento coincide con una fase especialmente sensible del tratamiento médico.
Desde la EMVS defienden la actuación municipal y recuerdan que los ocupantes permanecen en la vivienda «sin título habilitante» desde que la sentencia anuló la compraventa. Fuentes municipales sostienen que la obligación del Ayuntamiento es proteger el patrimonio público y garantizar que las viviendas sociales puedan destinarse a otros solicitantes que permanecen en lista de espera.
La resolución judicial también recuerda que el denominado decreto antidesahucios aprobado durante los años posteriores a la pandemia ya no se encuentra en vigor. En caso de necesidad, señala el auto, los servicios sociales municipales podrán intervenir para ofrecer asistencia a los afectados.
El caso vuelve a poner el foco sobre la gestión de la vivienda pública en Madrid y sobre el choque entre la aplicación estricta de las resoluciones judiciales y las situaciones de vulnerabilidad social. En esta ocasión, el desalojo afectará a una pareja de jubilación cercana y con graves problemas de salud, cuyo futuro habitacional sigue sin resolverse a pocas horas de la ejecución del lanzamiento.
