«Ser es defenderse», Ramiro de Maeztu
El consistorio recauda entre 90 y 100 millones de euros en multas

El Ayuntamiento de Madrid (PP) sigue endureciendo sus políticas climáticas y prohibirá usar sus coches a 400.000 conductores a partir del 1 de enero

José Luis Martínez Almeida. Redes sociales

El Ayuntamiento de Madrid, en manos del Partido Popular, limitará la entrada de 400.000 conductores en la capital a partir del 1 de enero de 2026. Entre ellos se cuentan alrededor de 280.000 automóviles sin etiqueta ambiental, los conocidos como «etiqueta A», que a partir de esa fecha quedarán definitivamente excluidos de la circulación por las calles madrileñas.

La decisión llega tras la prórroga de un año aprobada en diciembre de 2024, cuando parecía inevitable que la restricción arrancara el 1 de enero de 2025. Con esa moratoria, se concedió margen extra a quienes todavía usan coches, motos o furgonetas altamente contaminantes, un volumen de vehículos comparable al parque móvil completo de la ciudad de Valencia.

Durante los últimos años, la normativa había permitido que circularan por Madrid aquellos coches sin distintivo que estuvieran registrados a nombre de un vecino empadronado en la capital durante al menos dos años y que abonaran el impuesto de circulación en el municipio. Sólo estos casos, junto a los vehículos catalogados como históricos, podían moverse por la ciudad sin miedo a las sanciones.

El calendario avanza y quedan poco más de cien días para que concluya el plan municipal que ha logrado ya sacar más de un millón de automóviles de las calles madrileñas. A partir de entonces, la capital se convertirá en un espacio vedado a cualquier coche que no disponga de distintivo medioambiental, lo que supondrá el adiós definitivo a los vehículos de la categoría A.

Mientras tanto, el consistorio ha visto dispararse los ingresos por sanciones de tráfico. Cada ejercicio recauda entre 90 y 100 millones de euros en multas, una cifra que podría verse comprometida si finalmente prospera el recurso a la sentencia judicial de 2023 que declaró ilegales las Zonas de Bajas Emisiones de Madrid (gracias a VOX).

Con ese procedimiento aún en los tribunales, los expertos recomiendan a los sancionados acogerse al pronto pago para reducir la cuantía de la multa y esperar a que la resolución judicial quede firme, momento en el que podrían abrirse opciones de reclamación.

La posibilidad de que el equipo de gobierno vuelva a conceder otra prórroga a los vehículos sin etiqueta parece muy lejana. Todo apunta a que, salvo sorpresa, en cuestión de semanas miles de madrileños se quedarán sin opción de utilizar su coche habitual dentro de la M-30 y el resto de la capital.

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