Varios bomberos, desesperados ante la catastrófica situación que sufre España a consecuencia de los incendios, han levantado la voz para condenar el sistema autonómico y la burocracia a la que nos ha llevado el bipartidismo. Denuncian que el país cuenta con hasta 21 modelos distintos de extinción de incendios —uno por cada comunidad y varios más en Canarias, donde incluso se reparten por cabildos— lo que genera un auténtico rompecabezas operativo. «Ni se entienden entre ellos ni saben qué lleva el camión del vecino. Así no se puede trabajar», lamenta José María Monzón, portavoz de Comisiones Obreras, al diario El Mundo.

Los ejemplos de caos abundan. En Béjar, Salamanca, los bomberos no participaron en un incendio en Jarilla, a escasos 15 minutos, porque nadie de la Junta de Castilla y León cursó la solicitud. En la reciente riada de Valencia, los profesionales del aeropuerto de Manises tuvieron que colaborar a título personal, ya que sus vehículos de alta capacidad quedaron fuera de la operación por la «absoluta descoordinación» entre instituciones. Incluso durante un fuego en Igüeña, León, los equipos desplazados no consiguieron comunicarse por radio entre sí, según relató Israel Naveso, presidente de la Coordinadora Unitaria de Bomberos Profesionales.

La raíz del problema, aseguran los sindicatos, está en la ausencia de un marco nacional. «La fragmentación es total y el fracaso es evidente. Cada autonomía va por libre y ninguna quiere ceder competencias al Estado central», afirma Monzón, recordando que tanto Cataluña como el País Vasco se niegan de forma habitual a cualquier mando estatal. En el Parlamento, añade, se llegó a registrar una Ley de Coordinación de Bomberos Públicos, pero el Gobierno la mantiene bloqueada.

Desde CCOO proponen articular una coordinación a partir de la ley vigente de Protección Civil de 2015 y establecer un sistema escalonado de responsabilidades, similar a un «semáforo» que permita activar a diferentes administraciones según la magnitud de la emergencia. «No puede ser que un equipo de Madrid no pueda entrar en Toledo, o que dependamos siempre de la disputa política del momento», denuncia Monzón.

La falta de estándares también preocupa a veteranos del sector. Rafael Moro, exresponsable de Bomberos y Protección Civil de Alcorcón, recuerda que ni siquiera se aplican las certificaciones de la ONU para unificar códigos y recursos. «Cada ciudad sale con un equipamiento distinto, por eso muchas veces no sabes con qué cuenta el compañero. Es difícil hablar de coordinación nacional cuando ni siquiera la hay a nivel provincial», advierte. Moro cree además que la gravedad de los incendios de este verano justificaba activar el nivel 3 de emergencia, que obliga al Ministerio del Interior a tomar el control y movilizar al Ejército.

La desconfianza hacia los políticos es patente. «Hemos solicitado reuniones a Protección Civil en numerosas ocasiones y nunca responden. Luego escuchamos declaraciones de su directora, Virginia Barcones, que evidencian un desconocimiento total: ni sabe cuántos bomberos hay ni qué recursos gestionan», protesta Naveso. Y concluye: «Hace falta uniformidad legal, que un bombero que trabaje fuera de su comunidad esté protegido. No pedimos privilegios, solo poder salvar vidas sin que la política nos ponga palos en las ruedas».