Mientras el Gobierno acelera el mayor proceso de regularización masiva de la democracia, existe otra incómoda realidad que se cierne sobre España. Decenas de miles de inmigrantes que entraron ilegalmente, solicitaron asilo aquí y luego continuaron su camino hacia el norte de Europa podrían llegar en los próximos meses.

Fuentes de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras (CGEF) de la Policía Nacional consultadas por LA GACETA lo confirman sin ambages: el «boomerang» migratorio ya se está manifestando y el Pacto Europeo de Migración y Asilo lo acelerará de forma notable.

España es, para la inmensa mayoría de africanos que llegan por Canarias o la Península, el primer país de entrada y de solicitud de protección internacional. El Reglamento de Dublín, aún en transición, y el nuevo Pacto Europeo mantienen intacto el principio de responsabilidad del país de primera solicitud. Eso significa que otros Estados miembros pueden —y en muchos casos deben—activar los mecanismos de «take-back» para enviar de vuelta a quien pidió asilo en territorio español. Cuando a esto se suma la regularización masiva, el riesgo se multiplica ante un permiso de residencia que sólo vale en España. Quien se mueva al norte y quede ilegal allí será devuelto. Y las cifras oficiales consultadas por este medio dibujan un panorama preocupante.

Según los informes «Asilo en cifras» del Ministerio del Interior correspondientes a los años 2020 a 2024, junto con el Avance Trimestral de diciembre de 2025, entre 2020 y 2025 España registró 105.872 solicitudes de protección internacional de origen africano. Aplicando las tasas reales de movimiento secundario que facilitan los agentes de la UCRIF —aproximadamente el 30% de media para africanos, que se eleva al 70% en argelinos y alcanza el 80% en senegaleses y malienses, mientras se reduce sensiblemente en marroquíes—, casi 60.000 de esos solicitantes (59.605 exactamente) continuaron su camino hacia Alemania, Francia, Bélgica, Países Bajos u otros países comunitarios.

La evolución anual revela la magnitud del fenómeno. En 2020, con 6.618 solicitudes africanas, los cálculos policiales apuntan a unos 3.372 potenciales retornos. El salto fue notable en 2021, con 19.580 solicitudes y casi 9.808 inmigrantes que, según las mismas fuentes, siguieron camino. Los años 2022 y 2023 fueron algo más moderados —10.032 y 10.469 solicitudes respectivamente—, pero aun así arrojaron más de 9.400 potenciales retornos acumulados. El récord llegó en 2024, con 31.173 solicitudes africanas y 18.713 inmigrantes ilegales que muy probablemente continuaron hacia el norte. El avance provisional de 2025 mantiene la tendencia alta; alrededor de 28.000 solicitudes y otros 18.255 estimados de movimiento secundario.

Los países más afectados por estas tasas elevadas son Mali y Senegal, que juntos suman más de 37.000 solicitudes en el periodo analizado y aportan la mayor parte de los casi 27.000 retornos previstos para estos dos grupos. Argelia, con tasas del 70%, y Marruecos, con una proporción más baja, completan el grueso del flujo. Los agentes de la UCRIF lo explican con preocupación: «El 30% de los solicitantes africanos de asilo —en términos generales conservadores— siguen su camino hacia el norte. En argelinos sube al 70%, y en senegaleses o malienses se dispara al 80%. Los marroquíes son los que menos se mueven, pero aun así una parte lo hace». Estos datos internos coinciden con lo que ya se observa en la práctica, España recibió 12.543 peticiones de “toma a cargo” y readmisión solo en 2024, principalmente de Francia, Alemania y Bélgica. El mecanismo ya está funcionando y el Pacto Europeo lo refuerza.

El procedimiento es legal y automático. Una vez concedida la protección o la regularización en España, quien sea detectado en situación ilegal en otro Estado miembro puede ser devuelto en virtud del artículo 18 del Pacto. Muchos de estos expedientes siguen pendientes o fueron resueltos negativamente en primera instancia, pero el mero hecho de haber solicitado asilo en nuestro país los convierte en responsabilidad española. “No es que vayan a volver todos de golpe —señalan los agentes de la UCRIF—, pero sí decenas de miles en los próximos 12-18 meses. Y España tendrá que gestionarlos. O les aplica la regularización o asume el coste de su estancia y eventual expulsión”.

Mientras el Ejecutivo vende la regularización como un acto de «humanidad» y «orden», la realidad es que puede convertirse en un imán para retornos masivos. Los mismos que entraron ilegalmente, pidieron asilo y se marcharon al norte, volverán con un papel español en la mano o sin él. Y el contribuyente español pagará la factura. Alojamiento, manutención, trámites y, en el peor de los casos, nuevas irregularidades.