La Comisión Europea ha alertado de que la regularización extraordinaria de inmigrantes ilegales que prepara el Gobierno español puede tener efectos más allá de sus fronteras y afectar al conjunto de la Unión Europea. Aunque Bruselas reconoce que se trata de una competencia nacional, insiste en que decisiones de este tipo deben tener en cuenta su impacto en el resto de Estados miembros.
El comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner, ha subrayado que un permiso de residencia concedido por España no habilita automáticamente a instalarse en otros países de la UE. En caso de que una persona regularizada sea detectada en situación irregular en otro Estado miembro, deberá ser devuelta a territorio español, según ha explicado.
Desde la Comisión han recalcado al diario El Mundo que, en un espacio sin fronteras interiores como el europeo, este tipo de procesos pueden generar consecuencias indirectas. Entre ellas, se menciona la posibilidad de movimientos secundarios de población que podrían tensionar los sistemas migratorios de otros países si no se gestionan adecuadamente.
El plan del Gobierno contempla iniciar la regularización en las próximas semanas, aunque los plazos podrían sufrir ajustes. El periodo para presentar solicitudes se extendería hasta finales de junio, y las estimaciones apuntan a que podrían beneficiarse entre medio millón y 800.000 personas —sin contar la reagrupación familiar—.
Paralelamente, España mantiene una posición diferenciada respecto a otras iniciativas migratorias que sí cuentan con amplio respaldo en la Unión. Una de ellas es la creación de centros de retorno en terceros países, una medida aprobada por el Parlamento Europeo que permitiría trasladar a inmigrantes ilegales a Estados con los que existan acuerdos previos.
Este modelo ha sido impulsado con especial énfasis por la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, quien ha defendido la externalización de los procesos de devolución como una vía para reforzar el control migratorio. Italia ha promovido incluso la construcción de instalaciones en Albania, aunque su desarrollo se encuentra actualmente condicionado por decisiones judiciales.
Desde las instituciones europeas se ha señalado que el planteamiento comunitario presenta diferencias respecto a la iniciativa italiana, pero el rumbo general de la política migratoria en la UE apunta hacia un mayor control de fronteras y una intensificación de las repatriaciones.
En este contexto, la estrategia del Gobierno español, basada en la regularización de personas en situación ilegal, se sitúa en una dirección distinta a la predominante en el resto de socios europeos, lo que ha abierto un nuevo foco de debate en el seno de la Unión.
