El nuevo Gobierno de Hungría, liderado por el primer ministro Péter Magyar, quiere un giro radical en su política migratoria al confirmar que acatará la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la acogida de solicitantes de asilo, revirtiendo así la práctica de defensa de las fronteras y de la soberanía nacional impulsada por su antecesor en el cargo, Viktor Orbán, según recoge el medio Tichys Einblick.
En concreto, esta decisión implica que el país permitirá la entrada de solicitantes de asilo en su territorio para que puedan tramitar sus peticiones. La recién nombrada ministra de Asuntos Exteriores, Anita Orbán, justificó esta medida como una supuesta «necesidad financiera y estratégica» para el Estado húngaro.
Para el nuevo Ejecutivo es «imperativo» detener el pago de las multas impuestas por la Unión Europea, las cuales ascendían a un millón de euros cada día por no plegarse a las políticas emanadas desde Bruselas. Hasta ahora el país suma casi 1.000 millones de euros en sanciones totales por haber sostenido una postura soberanista y abiertamente contraria a la inmigración masiva. Así las cosas, la nueva postura representaría una reversión de las leyes vigentes desde la crisis migratoria de 2015.
Además de la apertura a los solicitantes de asilo, la ministra sugirió que Hungría podría adherirse al Pacto de Migración de la UE, un mecanismo de apoyo mutuo entre Estados miembros para repartirse los inmigrantes ilegales.
