Los ganaderos de Castilla-La Mancha advierten de una preocupación creciente ante la posible llegada de la Peste Porcina Africana (PPA) a nuevas comunidades, algo que, de producirse, podría paralizar explotaciones, afectar al comercio exterior y golpear de lleno a la economía rural española. Las declaraciones de Mercedes Solera, del Comité Ejecutivo Regional de ASAJA Castilla-La Mancha, recogidas por El Debate, sitúan la amenaza en un escenario actual y no hipotético para una región donde el porcino constituye uno de los pilares productivos.
ASAJA subraya que el virus resulta extremadamente resistente y difícil de frenar. Solera recuerda que la PPA permanece activa en múltiples entornos y que los ganaderos no pueden controlar todos los factores que intervienen en su transmisión. El jabalí continúa como principal reservorio y vector, y a su comportamiento imprevisible se añaden la movilidad de personas, los movimientos de transporte y la actividad constante en espacios abiertos, lo que impide garantizar un blindaje total en las explotaciones. Por ello, la amenaza se percibe como real, próxima y capaz de alterar de manera inmediata el funcionamiento de cualquier granja afectada.
En las últimas semanas, ASAJA Castilla-La Mancha constata un aumento notable de la alarma entre los ganaderos. Los de las zonas afectadas y las limítrofes trasladan su inquietud a diario, aunque el nerviosismo ya se extiende también a regiones donde todavía no se ha declarado ningún foco. El temor no es únicamente sanitario. Cada explotación sabe que un caso positivo podría dejarla sin actividad de un día para otro y generar pérdidas difíciles de asumir. Solera advierte de que la entrada del virus en una comunidad con fuerte producción porcina tendría un impacto devastador, con cierres inmediatos, restricciones comerciales, pérdidas millonarias y consecuencias directas para la industria cárnica, el transporte, los servicios auxiliares y, en general, la estabilidad económica de muchas localidades rurales.
La organización admite que se han adoptado medidas, como la prohibición de la caza dentro del perímetro afectado y el refuerzo de las labores cinegéticas en zonas exteriores. Sin embargo, las considera insuficientes. Solera reclama equipos especializados para el control y gestión de la población de jabalíes y recuerda que esta responsabilidad no puede recaer casi por completo en los cotos de caza. ASAJA exige una estrategia más ambiciosa que incluya vigilancia activa, retirada rápida de animales muertos y recursos adecuados en todas las comunidades autónomas para afrontar un problema que, según la organización, lleva años desbordado.
Ante esta situación, la bioseguridad se ha convertido en la última barrera defensiva del sector. Solera asegura que los ganaderos aplican los protocolos con rigor, aunque insiste en que resulta imprescindible mantener el nivel máximo de exigencia, porque un solo descuido abre la puerta a un problema de enorme magnitud. La percepción dentro de las granjas es que cada detalle importa y que la relajación de cualquier medida podría desencadenar una crisis inmediata.
La amenaza no es teórica. ASAJA confirma que ya se notan efectos en el comercio exterior, como la retirada de ciertos certificados de exportación. Si la PPA se extiende, Solera advierte de que las restricciones aumentarán y muchas explotaciones podrían verse obligadas a cerrar temporalmente, lo que afectaría de forma directa al empleo y a la economía rural. La organización insiste en que cada día perdido en el control del virus incrementa la gravedad de las consecuencias para las zonas productoras.
Otro punto crítico es la falta de coordinación institucional. ASAJA considera urgente mejorar la comunicación entre comunidades autónomas y el Ministerio, porque la información que se ofrece en reuniones técnicas no siempre coincide con la que llega a los medios. Esa falta de homogeneidad alimenta la confusión, incrementa la alarma y resta credibilidad a la gestión pública. También critica la difusión de mensajes imprecisos, como la supuesta aparición de “bocadillos contaminados”, que terminan dañando al sector sin fundamento alguno. La organización reclama información clara, rigurosa y coherente para evitar rumores y ofrecer seguridad tanto a los profesionales como a la ciudadanía.
Las crisis sanitarias anteriores dejaron lecciones que hoy siguen plenamente vigentes. Solera destaca la importancia de la transparencia informativa, la rapidez en la toma de decisiones y la coordinación real entre administraciones y sector. También subraya que el control de la fauna salvaje debe constituir una política continua y dotada de recursos suficientes, no una reacción puntual cuando el problema ya se ha extendido. ASAJA insiste en que la bioseguridad debe entenderse como una inversión imprescindible.
La organización plantea la necesidad de reforzar el control de fauna salvaje mediante personal especializado, agilizar la retirada de jabalíes muertos, garantizar transparencia total en los datos oficiales, intensificar los controles sobre el movimiento de animales y transporte y ofrecer apoyo económico a las explotaciones que necesiten reforzar sus medidas de protección. También pide que la administración asuma la responsabilidad de aclarar cualquier información errónea que afecte al sector.
En este escenario, ASAJA recuerda que España cuenta con uno de los sistemas de control sanitario más estrictos de Europa. Solera asegura que el consumidor puede mantener la tranquilidad, porque ningún producto infectado llega al mercado español y que, en caso de detectarse un producto contaminado, su origen no sería nacional. Por ello, la organización reivindica el valor del producto español y pide a la sociedad que apoye al sector en un momento marcado por la incertidumbre.
