El sector agrario español ha estallado contra la Comisión Europea y el Gobierno de Pedro Sánchez tras el acuerdo cerrado el pasado 15 de septiembre por el que Bruselas permite que los productos agrícolas del Sáhara Occidental entren en la UE sin aranceles, pese a que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) había dictaminado lo contrario.
El pacto, impulsado por la presidenta de la Comisión, Úrsula von der Leyen, y apoyado activamente por España y Francia, supone aceptar de facto la soberanía marroquí sobre el Sáhara a efectos arancelarios y comerciales, en lo que las organizaciones agrarias consultadas por ABC califican como una «cesión geopolítica que destruye al campo español«.
«El campo español pagará la cesión de Europa ante Marruecos en el Sáhara», denunció José María Castilla, portavoz de Asaja, que critica el «secretismo absoluto» de la negociación y acusa a Bruselas de «haber adelantado los plazos para evitar protestas».
El TJUE había sentenciado hace un año que los productos del Sáhara no podían considerarse marroquíes ni beneficiarse de ventajas comerciales por no haberse consultado al pueblo saharaui, legítimo titular del territorio. Pero la Comisión ha ideado un ardid jurídico para burlar la decisión judicial y mantener los beneficios para Rabat.
El interés político es evidente: Marruecos condiciona la cooperación migratoria y la estabilidad fronteriza al reconocimiento de su dominio sobre el Sáhara. En 2017, Rabat ya amenazó con abrir los «flujos migratorios» hacia Europa si Bruselas no cedía a sus exigencias.
España, con Sánchez a la cabeza, ha sido el principal valedor europeo de esta cesión, después de que en 2022 el presidente rompiera con medio siglo de neutralidad diplomática y reconociera la soberanía marroquí sobre el territorio sin consultar al Congreso.
«El Gobierno nos mintió», lamenta Andrés Góngora, portavoz de COAG. «Planas aseguró hace meses que no había negociaciones con Marruecos, pero España ha estado implicada desde el principio». El acuerdo amenaza con agravar el hundimiento de la agricultura nacional, especialmente del sector del tomate, donde Marruecos es ya el principal competidor de España. Según datos de Fepex, las exportaciones marroquíes de tomate a la UE han crecido un 42 % en diez años, mientras que la producción española ha caído un 30 %.
El régimen alauí ha convertido el Sáhara ocupado en un gran polo hortofrutícola, financiado por el propio rey Mohamed VI a través de su ‘holding’ personal. Bruselas estima que al menos el 20 % de los tomates exportados por Marruecos provienen del Sáhara, aunque el sector español eleva la cifra al 30 % o más.
«El kilo de tomate marroquí cuesta entre 25 y 30 céntimos menos. Y ahora la UE, en lugar de defendernos, financia al competidor», denuncian desde Asaja. El acuerdo con Rabat se cerró en apenas cinco días, con total opacidad ante el Parlamento Europeo y las organizaciones agrarias. Bruselas recurrió al procedimiento ‘exprés’, que permite aplicar provisionalmente el pacto sin votación parlamentaria.
Fuentes del sector aseguran que la Comisión «ya tenía todo pactado» y que ha buscado evitar el debate público para esquivar el malestar de agricultores y eurodiputados. En su intento de maquillar el acuerdo, la UE propone inversiones millonarias en el Sáhara en proyectos de riego y energías renovables, pero los fondos irán a parar a empresas marroquíes, no al pueblo saharaui. «Bruselas no solo legitima la ocupación, sino que premia al invasor y castiga al productor europeo«, resume Castilla.
