El Tribunal Constitucional planea anular las condenas por malversación en el caso de los ERE fraudulentos de los ex consejeros de la Junta de Andalucía: Francisco Vallejo, Carmen Martínez Aguayo y Antonio Fernández García. El tribunal acepta el argumento de las defensas de que una ley no puede ser un medio legalmente eficaz para malversar, y que una Ley de Presupuestos y sus créditos no pueden ser ilícitos.
En el proyecto de sentencia sobre Carmen Martínez Aguayo, la vicepresidenta Inmaculada Montalbán considera que las condenas por malversación deben anularse completamente sin reabrir el caso, ya que no tienen base constitucional. También se sugiere una estimación parcial de su demanda de amparo respecto al delito de prevaricación.
Para Antonio Fernández García, ex consejero de Empleo, la ponencia propone una estimación parcial de su recurso. Se ordena a la Audiencia Provincial de Sevilla emitir una nueva sentencia que evalúe su participación en las modificaciones presupuestarias y el uso de fondos del programa conocido como «fondo de reptiles».
Guerra interna en el Tribunal Constitucional
El Tribunal Constitucional, dividido entre progresistas y conservadores, vive una guerra interna. El sector mayoritario de izquierdas impone su criterio sobre la minoría conservadora. Los conservadores afirman que «es la primera vez que el Tribunal rebaja un caso de corrupción», lo cual, según ellos, está dañando el prestigio del tribunal.
Por otro lado, fuentes progresistas reconocen también que es la «primera vez» que se revisa un caso de corrupción, pero defienden la tesis jurídica ya aprobada en la sentencia de la ex ministra Magdalena Álvarez. Según esta tesis, «las actuaciones realizadas cuando el Gobierno ejerce la iniciativa legislativa no pueden considerarse una actuación administrativa» y, por lo tanto, no son delictivas.
