El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) avisó por escrito el pasado 6 de mayo al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, bajo la dirección de Félix Bolaños, sobre los problemas en las pulseras antimaltrato. Así lo recuerda el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género —órgano adscrito al CGPJ— en la carta remitida este lunes al Ministerio de Igualdad, que lleva días negando haber recibido «comunicación oficial».

La presidenta del Observatorio, Esther Erice, desmonta esa versión en la misiva enviada a la delegada del Gobierno contra la violencia de género, Carmen Martínez Perza. Señala que en marzo los presidentes de las audiencias provinciales redactaron un documento en el que se advertía de fallos graves y que, en mayo, la comisión permanente del CGPJ acordó remitirlo al Ministerio de la Presidencia. La alarma ya era entonces compartida por las Fuerzas de Seguridad, incluida la Guardia Civil.

El escrito de los presidentes de audiencias fue claro: «Teniendo en cuenta que los dispositivos presentan fallos técnicos por localizaciones erróneas o incluso por manipulaciones de los investigados, interesamos que se revisen y corrijan las disfunciones a fin de evitar la desprotección de las víctimas«. En su reunión de Las Palmas de Gran Canaria elaboraron un informe con 36 conclusiones, una de ellas dedicada a las pulseras. Además de los problemas de localización y manipulación, advertían de retrasos entre la resolución judicial y la colocación del dispositivo. También reclamaron reforzar la plantilla de Cometa, el centro que supervisa el sistema.

Las advertencias llegaron también de forma directa a Igualdad. La anterior presidenta del Observatorio, María Ángeles Carmona, lo transmitió en persona a la ministra Ana Redondo hace 20 meses, alertando de que el sistema impulsado por Irene Montero carecía de garantías. El Consejo ya entonces desconfiaba tanto de la calidad de los dispositivos como del cambio de operadora.

El Observatorio confirma que más recientemente se enviaron «dos informes del presidente de la Audiencia Provincial de Granada informando de diversas incidencias» en enero y febrero de 2025, además de otra comunicación desde un juzgado de Galicia en febrero, remitida a la Delegación del Gobierno contra la violencia de género. Pese a ello, Igualdad mantiene que no recibió información oficial.

La Guardia Civil también dio la voz de alarma

Las actas de la Comisión Provincial contra la Violencia de Género de Granada, a las que ha tenido acceso El Confidencial, muestran que la Guardia Civil expresó su preocupación. En una reunión de febrero, los agentes advirtieron de que había «un número de víctimas que se sienten desprotegidas» y que algunas incluso habían renunciado a la pulsera, entregándola en los juzgados.

Un caso concreto lo ilustra: un agresor fue captado por cámaras de tráfico en la localidad donde tenía prohibido entrar, mientras la víctima denunciaba hasta cinco veces sin que el centro de control Cometa activara ninguna alerta. «Hay pruebas suficientes de que manipuló el brazalete para aproximarse a su domicilio sin que Cometa detectara nada», recogen las actas.

Las mismas actas señalan otros fallos de seguridad: algunos agresores colocan la pulsera en un animal para engañar al sensor térmico, mientras que en otros casos basta con cubrir el dispositivo con ciertos materiales para bloquear la detección.

Igualdad insiste en negar la evidencia

Frente a los avisos del CGPJ, de los jueces y de la Guardia Civil, la ministra Ana Redondo sostiene que las pulseras funcionan y acusa a la oposición de difundir «bulos». En un vídeo difundido por su departamento, afirmó: «Las pulseras funcionan, el dispositivo Cometa siempre ha funcionado y sigue funcionando correctamente, salva vidas a diario, está en conexión inmediata con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado». Aseguró que las mujeres han estado «protegidas en todo momento».

Redondo ha anunciado una nueva licitación dentro de unos meses con «mejoras» técnicas en los dispositivos Cometa, pero desvincula este contrato de los fallos que llevan meses generando denuncias y advertencias formales.