La exsecretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez ‘Pam’, fue quien firmó la adjudicación del contrato de las pulseras telemáticas para maltratadores, ahora en el centro de la polémica por sus fallos. La concesión recayó en la UTE integrada por Vodafone y Securitas, que se llevó el contrato de unos 35 millones de euros tras la salida de Telefónica y la retirada de Buddi Limited.
Rodríguez ‘Pam’ guarda silencio mientras crece la polémica. La Fiscalía General del Estado advirtió en su memoria anual de que estos dispositivos presentaron fallos en la migración de datos entre proveedores, lo que derivó en «sobreseimientos provisionales» y «absoluciones» en casos con órdenes de alejamiento. Se han documentado problemas en distintas sedes judiciales, como Castellón, Pontevedra, Madrid, Girona, Granada o Tenerife, donde se registraron «múltiples fallos».
Lo más grave es que el Gobierno conocía desde hace dos años las deficiencias: el propio plan de transición de la UTE fue calificado con un 3,6 sobre 10, precisamente en el apartado que ha acabado fallando. Pese a ello, la ministra de Igualdad sigue sin ofrecer cifras de cuántas mujeres han quedado desprotegidas, alegando que se trata de «un sistema muy complejo». Las afectadas podrán acudir a la Justicia para reclamar indemnizaciones en concepto de responsabilidad patrimonial.
El informe de la Fiscalía es demoledor: acusa al proyecto de contar con «un diseño inadecuado, una planificación insuficiente y una mala asignación de recursos«. Además, el plan de contingencia no era «lo suficientemente robusto», con plazos y previsiones que no se correspondían con la complejidad del proceso. Fuentes jurídicas apuntan que, más allá de la migración de datos, también hubo problemas de batería e incluso facilidades para retirar el dispositivo.
A pesar de las críticas, la ministra se ha limitado a asegurar que los fallos fueron técnicos y puntuales porque «la tecnología falla» y «no hay un sistema absolutamente fetén». Ha descartado dimitir y ha anunciado que en «unos meses» licitará un nuevo contrato con «mejoras técnicas», entre ellas una plataforma para controlar en tiempo real los datos.
El Ministerio ha intentado culpar a los jueces, asegurando que no advirtieron de los riesgos. Sin embargo, la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Esther Erice, dependiente del Consejo General del Poder Judicial, desmintió esa versión en una carta remitida a Igualdad. Recordó que en enero y febrero de 2025 ya enviaron dos comunicaciones detallando incidencias y que en el pleno del Observatorio del 27 de febrero se trató el asunto «de forma exhaustiva».
Incluso los presidentes de las Audiencias Provinciales de Granada y Galicia trasladaron informes con las incidencias detectadas. El Observatorio pidió que se adoptaran medidas urgentes para corregir los fallos.
No fue la única advertencia: hace un año, la magistrada de la Audiencia Nacional, María Tardón, alertó en el Congreso de que las pulseras daban problemas. «En ocasiones, los dispositivos no han funcionado sin que se conozca la causa, o al menos sin que ésta conste en los papeles que se envían al juez», explicó en su informe ante la subcomisión encargada de actualizar el pacto de Estado en violencia de género.
