La Junta de Andalucía, presidida por Juanma Moreno (PP), ha destinado más de 430.000 euros en subvenciones públicas a la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) entre 2019 y 2025.
Se trata de dinero de todos los contribuyentes andaluces que se ha entregado íntegramente a una organización que, por un lado, recibe ayudas para promover la estancia indefinida de inmigrantes ilegales y, por otro, ha criminalizado públicamente la labor de la Guardia Civil en la protección de la frontera sur.
Las resoluciones oficiales publicadas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en el Portal de Transparencia desglosan con claridad el destino de esas partidas. En 2019 se concedieron 14.960 euros para sensibilización e integración de inmigrantes. En 2022 llegaron 48.541,22 euros para fines similares enfocados específicamente a solicitantes de protección internacional. El año 2023 fue el de mayor cuantía, con 201.482,27 euros para un programa denominado Planeta Empleo, por un Refugio Sostenible. En 2024 se entregaron 91.835,62 euros para formación, arraigo y acción jurídica, y en 2025 otros 73.443,63 euros para acción jurídica y el programa Formación y arraigo: las raíces de la inclusión plena.
La gran mayoría de estas ayudas son destinadas a la asesoría legal gratuita para tramitar solicitudes de asilo, interponer recursos contra denegaciones, conseguir arraigo social o laboral, permisos de residencia y trabajo, empadronamiento y otros trámites administrativos que, en la práctica, permiten a inmigrantes ilegales consolidar su permanencia indefinida en España y acceder a numerosas prestaciones.
CEAR no es una ONG neutral en materia migratoria. Ha sido especialmente activa en la criminalización de la Guardia Civil. En el caso de Tarajal de 2014, la organización participó en querellas que acusaron a los agentes de homicidio imprudente tras la muerte de 15 inmigrantes ilegales que intentaban entrar a nado en Ceuta. CEAR quiso cargar directamente la responsabilidad de las muertes a los guardias civiles, a pesar de que estas se produjeron mientras los inmigrantes protagonizaban un intento masivo de entrada ilegal en condiciones extremadamente peligrosas a nivel marítimo.
Más de una decena de agentes de la Guardia Civil fueron investigados, procesados y sometidos a un largo proceso judicial que duró años, con la consiguiente presión mediática y profesional. Más recientemente, en los trágicos sucesos de Ceuta de mayo de 2021, CEAR también impulsó acciones judiciales contra las fuerzas de seguridad, cuestionando el uso de medios antidisturbios y la gestión del control fronterizo. Aunque la inmensa mayoría de estas causas fueron finalmente archivadas por los tribunales —incluido el Tribunal Supremo en 2022—, la organización ha mantenido durante años una línea de confrontación judicial y mediática contra los guardias civiles que cumplen con su deber de proteger la frontera.
El mismo Gobierno autonómico del PP ha destinado durante años recursos públicos a una entidad que, simultáneamente, facilita la permanencia indefinida en territorio español de inmigrantes ilegales y judicializa la actuación de la Guardia Civil. Mientras los datos oficiales muestran una presión creciente de la inmigración ilegal, la Junta opta por financiar programas que contribuyen a consolidar la presencia de quienes entran de forma ilegal.
