La Junta de Andalucía, en manos de Juanma Moreno Bonilla (PP), ha destinado un total de 36,7 millones de euros de los contribuyentes a organizaciones no gubernamentales (ONG) dedicadas a la gestión de inmigrantes ilegales, convirtiéndose en un socio silencioso pero activo de la controvertida política migratoria del Gobierno central de Pedro Sánchez.
Según un exhaustivo análisis de las subvenciones públicas concedidas por la Junta, el Ejecutivo autonómico del PP ha financiado con cargo a los presupuestos regionales a una red de asociaciones que operan directamente en la acogida, integración y atención de migrantes en situación irregular. La Federación Andalucía Acoge encabeza la lista con más de 17,4 millones de euros, seguida de otras entidades como la Asociación Marroquí de Integración de Inmigrantes (casi 6,5 millones), Sevilla Acoge (más de 4 millones) o Málaga Acoge (más de 3,1 millones). El resto se reparte entre Córdoba Acoge, Jerez Acoge, Jaén Acoge y otras como la Asociación de Inmigrantes Senegaleses de Andalucía, entre muchas más.
Estas ayudas, documentadas en resoluciones oficiales de la Junta, se destinan supuestamente a programas de «acogida humanitaria», integración social y atención a colectivos vulnerables. Sin embargo, en la práctica, estas ONG forman parte del entramado que gestiona el flujo migratorio irregular que llega a Andalucía, una de las principales puertas de entrada a Europa. Moreno Bonilla, que en sus discursos públicos critica con dureza la «invasión» y el caos migratorio provocado por las políticas de Sánchez, ha optado por inyectar decenas de millones de euros a las mismas entidades que ejecutan sobre el terreno la estrategia del Ejecutivo socialista.
Esta colaboración financiera pone en evidencia una contradicción flagrante: mientras el presidente andaluz denuncia en mítines y redes la gestión «desastrosa» de Sánchez —con la llegada de más de 100.000 inmigrantes irregulares sólo en los últimos años a las costas andaluzas—, su Gobierno financia de forma directa a las organizaciones que reciben, alojan y tramitan a esos mismos inmigrantes. De hecho, muchas de estas asociaciones trabajan codo con codo con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y con las delegaciones del Gobierno central en Andalucía, recibiendo también fondos estatales.
La cifra total de 36,7 millones de euros —que algunos cálculos elevan hasta los 37,6 millones según las resoluciones publicadas— sale íntegramente de los bolsillos de los contribuyentes andaluces. Mientras tanto, el debate político se encona: el PP nacional acusa a Sánchez de «traición» por su política de fronteras abiertas, pero en Andalucía, bajo mando popular, la maquinaria de la «acogida» sigue engrasada con dinero público.
