El pleno del Congreso ha aprobado este martes la toma en consideración de una reforma del Reglamento de la Cámara Baja presentada por Podemos que pretende poner coto a la capacidad del Gobierno para vetar iniciativas legislativas de las comunidades autónomas y de los grupos de la oposición.
La proposición de ley, que ha contado con el apoyo de la mayoría de partidos a excepción del PP y Ciudadanos, que han votado en contra, propone modificar los artículos 111 y 126 del Reglamento para establecer un protocolo claro con los requisitos formales a los que debe someterse el Gobierno para justificar su veto.
En el caso de que el Ejecutivo se oponga a la tramitación por un aumento o disminución de los ingresos presupuestarios, solo podrán referirse al ejercicio en curso y, en el caso de que algún grupo lo solicite, el Gobierno deberá presentar información adicional sobre esos motivos.
Además, la Mesa del Congreso también podrá pedir a la Oficina Presupuestaria de las Cortes Generales que elabore un informe sobre el impacto presupuestario de la norma.
En solo un año de legislatura, el Ejecutivo se ha opuesto a la tramitación de más de cuarenta proposiciones de ley en ejercicio de su prerrogativa constitucional a vetar aquellas iniciativas legislativas que, a su juicio, afectan a los ingresos o gastos presupuestarios.
Una facultad que, para la portavoz de Unidos Podemos, Irene Montero, el Gobierno ejerce de forma «abusiva» impidiendo la labor legislativa del Parlamento y atentando contra la división de poderes.
«No hay bandera que pueda tapar la cantidad de artículos de la Constitución que ustedes se pasan por el arco del triunfo día a día», ha denunciado.
Además de los vetos, algunos de los cuales ha levantado la Mesa del Congreso donde el PP no tiene mayoría, Montero ha alertado de la «trampa» que supone la «ampliación eterna» de los plazos de enmiendas de aquellas proposiciones de ley que han conseguido pasar el filtro del Gobierno.
Ha puesto de ejemplo su iniciativa para elevar el salario mínimo, que ya lleva treinta ampliaciones del plazo de enmiendas, o la derogación de la ley mordaza, que se acerca a la veintena.
«Dejen de patrimonializar las instituciones y que este no sea su cortijo privado. Dejen al Parlamento trabajar», ha reclamado.
En apoyo de la reforma del Reglamento, el diputado socialista Cipriá Ciscar que ha avisado de que aproximadamente un 25 ciento de las propuestas de los grupos han recibido el portazo del Gobierno, en un ejercicio absolutamente «desproporcionado» del derecho de veto.
Una actuación «arbitraria» que ha llevado al PSOE a recurrir hoy mismo ante la Mesa del Congreso uno de los últimos vetos del Gobierno a una iniciativa sobre pensiones no retributivas.
También se muestra a favor el portavoz del PNV, Aitor Esteban, que ha recordado que de cuatro propuestas propias que se han admitido a trámite, las cuatro se encuentran paralizadas en el plazo de enmiendas.
«Con esta iniciativa puede pasar lo mismo, se ampliarán los plazos de enmiendas y dormirá el sueño de los justos», ha alertado.
Enseñando un cartel desde la tribuna, el portavoz de Compromís, Joan Baldoví, ha denunciado que se haya ampliado hasta en 35 ocasiones el plazo de enmiendas de la reforma del estatuto valenciano, a pesar de que se trata de una modificación de un solo artículo. Para Baldoví se trata de un «secuestro» y de un «robo» de la facultad legislativa del Congreso con todo tipo de «artimañas».
Al igual que el portavoz del PDeCAT, Carles Campuzano, quien ha aprovechado para reprochar al PP que construya una democracia «de bajo coste» y en contra de la propia Constitución.
Acusaciones que han generado las críticas de la bancada «popular» que han criticado que vengan precisamente del partido que impulsa el independentismo en Cataluña.
Precisamente, la diputada del PP Isabel Borrego ha defendido el voto contrario de su partido a esta propuesta de reforma del Reglamento del Congreso que, a su juicio, supone una reforma «encubierta» de la Constitución que va en contra de la división de poderes.
Según Borrego, la iniciativa de Podemos pretende que la Mesa del Congreso sea «juez y parte» y se arrogue la competencia del Tribunal Constitucional de interpretar la Carta Magna.
«Ustedes quieren saltarse al Tribunal Constitucional y la división de poderes», ha denunciado la diputada del PP, que ha alertado que, si «todos» respetaran la Constitución, no se habría llegado a la situación que se vive en Cataluña.
Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, no cree que sea el momento para reforma el Reglamento del Congreso para delimitar jurídicamente la capacidad de veto del Gobierno cuando se está a la espera de que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre un recurso presentado por la propia Cámara.
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