
El Congreso de los Diputados dejará de llamarse así este martes. La Cámara Baja pasará a denominarse simplemente “Congreso”, en un ejercicio de ingeniería lingüística impulsado por PSOE y Sumar para imponer el llamado “lenguaje inclusivo” en el reglamento. La medida, que sus promotores presentan como simbólica, tiene consecuencias muy reales para el bolsillo del contribuyente: casi 170.000 euros tirados a la basura en papelería ya impresa con el nombre tradicional.
El pasado enero la Mesa del Congreso adjudicó un contrato para imprimir sobres, papel, tarjetas, etiquetas y demás material con la denominación oficial “Congreso de los Diputados”, que estaba ya listo para su uso. Apenas un mes después de adjudicar el pedido por 168.000 euros, el Ejecutivo se da la satisfacción ideológica de cambiar el nombre, dejando inservible todo ese material, que habrá que reimprimir con la nueva fórmula.
El cambio de nombre es sólo una parte de la reforma del reglamento, que suprime el masculino genérico en las comunicaciones oficiales, sustituyéndolo por el desdoblamiento forzado en todos los documentos (“los diputados y las diputadas”, etc.). La comisión competente aprobó la semana pasada el dictamen que allana la aprobación definitiva este martes.
La Real Academia Española ya se pronunció contra la reforma lingüística promovida por la izquierda en el Congreso. La institución rechaza la idea de que el uso del masculino genérico sea sexista y advierte de que manipular las estructuras del idioma altera el sentido y empobrece la expresión, además de dar por hecho que quienes no adoptan esas fórmulas son discriminatorios.
Aunque la RAE agradece que al menos se haya evitado la barbaridad de introducir símbolos como la “@”, la “x” o la “e” para neutralizar el género, insiste en que la igualdad entre hombres y mujeres no pasa por imponer un lenguaje inventado, sino por educación y políticas eficaces.
La Academia recuerda también que millones de hispanohablantes, incluidos los propios diputados fuera del hemiciclo, se expresan a diario con el español normativo, sin que ello implique discriminación alguna.
Pero para PSOE y Sumar, la oportunidad de dejar su huella ideológica en el reglamento del Congreso parece valer más que la tradición parlamentaria, la gramática y el dinero público malgastado. Otra victoria para el dogma, otra factura para los ciudadanos.