El Congreso se prepara para poner fecha al primer debate de la proposición de Ley de Amnistía registrada por el PSOE y también para que el Pleno decida sobre la creación de las tres comisiones de investigación que los socialistas aceptaron el pasado mes de agosto a cambio del voto de los independentistas catalanes de ERC y Junts para hacerse con la mayoría en la Mesa de la Cámara.
Estos cuatro asuntos ya están listos para que la Junta de Portavoces pueda incluirlos en un orden del día del Pleno y este órgano se reúne este martes con la previsión de programar el debate de toma en consideración de Ley de Amnistía el próximo día 12 de diciembre.
Tras su calificación por parte de la Mesa del Congreso, con el voto en contra el PP, la ley de amnistía se publicó en el Boletín de las Cortes y se envió al Gobierno para que diera la conformidad a su debate, ya que la Constitución otorga al Ejecutivo la potestad de vetar la tramitación de iniciativas legislativas que condiciones su política presupuestaria, sea por aumento de gasto o por merma de ingresos.
El Gobierno dispone de 30 días para pronunciarse, pero en esta ocasión le sobraron 27 para comunicar al Congreso su «conformidad» con la tramitación de dicha iniciativa. Ha habido casos en que ha respondido aún más rápido, como con la proposición de ley que acabó con el delito de sedición, cuando tardó menos de 24 horas en dar su visto bueno al debate.
Al lograr el aval del Gobierno, la propuesta de ley ya puede discutirse en una sesión plenaria. Una vez que el PSOE y sus socios aprueben su toma en consideración, se abrirá un primer plazo para la presentación de enmiendas. Tanto el Grupo Socialista como sus aliados han pedido que se tramite por la vía de urgencia, lo que recortara todos los plazos a la mitad.
Las prórrogas de plazo dependen de la voluntad de los grupos parlamentarios, y, si sus partidarios piden que se tramite por lectura única (con el debate de las enmiendas de totalidad y parciales en un sólo debate en el Pleno sin pasar por ponencia ni comisión), la ley podría ser aprobada en el Congreso antes de fin de año para su remisión al Senado.
Si no se opta por esta tramitación exprés, los grupos cuentan con que el Congreso habilite el mes de enero —inhábil a efectos parlamentarios— para que la norma pueda discutirse en ponencia y comisión.
