El tuitero Sr. Liberal, conocido por sus críticas a la izquierda y su oposición al Gobierno de Pedro Sánchez, ha presentado una querella contra el exvicepresidente del Gobierno y exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, y Diario Red por una una campaña de hostigamiento digital sufrido desde el pasado 10 de abril.
La querella denuncia hechos que podrían constituir delitos de revelación de secretos, delito de incitación al odio y la discriminación ideológica, acoso o stalking digital y asociación ilícita. Se interpone contra Pablo Iglesias, dueño y director de Diario Red; Isidoro Román Cuesta, redactor del mencionado medio y también usuario de X, Julián Benito Macías Tovar, colaborador del mencionado medio y administrador de Pandemia Digital, entre otros.
La querella destaca que los querellados actuaron de manera coordinada «como una asociación ilícita informal, impulsados por su animadversión ideológica y como resultado de un plan de destrucción reputacional preconcebido, para intimidar y amedrentar de manera violenta generando un hostigamiento persistente en el tiempo sobre su persona, su entorno profesional y familiar, divulgando todo tipo de datos personales del querellante (nombre, imágenes, identidad de familiares, teléfonos, direcciones y datos profesionales)». Así como toda una avalancha de comentarios difamatorios con su nombre completo, imágenes y amenazas violentas por parte de terceros, causando un grave perjuicio a su nombre, reputación y prestigio como abogado, así como poniendo en riesgo su propia seguridad personal y la de su familia.
La campaña trascendió las redes sociales, llegando a medios como TVE (“Mañaneros 360”, presentado por Javier Ruiz Pérez, en fecha 8 de mayo) y Canal Red (“La Base”, en fecha 16 de mayo), donde se le vinculó falsamente con personalidades, organizaciones y grupos extremistas con los que no tiene ningún tipo de conexión, amplificando el daño personal, profesional y reputacional.
Asimismo, Jesús Santorio Lorenzo (@SrLiberal) estudia en estos momentos la interposición de sucesivas demandas por intromisión ilegítima en su derecho al honor y la propia imagen, contra otras personalidades de la política, los medios de comunicación y redes sociales que participaron en los hechos mencionados «amplificando la difusión del contenido difamatorio».
