Crece el escándalo sobre la polémica ley de nietos después de conocerse nuevas pruebas documentales sobre las presuntas irregularidades cometidas en el Consulado General de España en México para facilitar la obtención de la nacionalidad española a solicitantes que habrían presentado su documentación fuera del plazo legal. Según una investigación publicada por The Objective, empleados de la representación diplomática habrían utilizado típex para modificar las fechas de recepción de expedientes oficiales y hacer constar que habían sido entregados antes del vencimiento establecido por el Gobierno.

La fecha clave es el 22 de octubre de 2025, cuando finalizó el periodo habilitado para solicitar la nacionalidad española mediante la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática. El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, dirigido por Ángel Víctor Torres, había establecido ese día como límite para la presentación de nuevas solicitudes, después de ampliar durante un año el plazo inicialmente previsto.

Sin embargo, la acumulación de expedientes pendientes en el consulado mexicano habría dado lugar a una práctica destinada a registrar solicitudes posteriores como si hubieran sido entregadas dentro del periodo autorizado. Según las fuentes consultadas por el citado periódico, la cónsul adjunta María Prada habría ordenado alterar las fechas de determinados formularios para que todos reflejaran el 22 de octubre, independientemente del día real de recepción.

Las fotografías muestran impresos oficiales de solicitud de nacionalidad por opción en los que la casilla destinada a consignar la fecha aparece cubierta con corrector blanco. Sobre esa superficie se habría escrito posteriormente «22 de octubre», junto a la firma y el sello del Consulado General de España en México.

La investigación también recoge el testimonio de trabajadores consulares que describen el procedimiento presuntamente utilizado para modificar los documentos. Según uno de ellos, cuando los expedientes debían remitirse a otros consulados, se facilitaba un formulario adicional para consignar directamente la fecha anterior y evitar que la corrección quedara visible.

El medio ha difundido igualmente imágenes de cajas y carpetas almacenadas en las instalaciones diplomáticas, con etiquetas correspondientes a noviembre de 2025. Según su investigación, estos legajos contenían solicitudes cuya documentación habría sido modificada para hacerlas pasar por presentadas antes del cierre del plazo.

Las revelaciones plantean interrogantes sobre la legalidad de las actuaciones administrativas y la validez de las nacionalizaciones que pudieran haberse tramitado mediante este procedimiento. Juristas consultados advierten de que alterar deliberadamente la fecha de recepción de documentos oficiales podría constituir un delito de falsedad documental, siempre que se acrediten los hechos y concurran los requisitos legales correspondientes.

La presunta manipulación de los formularios adquiere especial relevancia porque la fecha de presentación resulta determinante para comprobar si una solicitud se formalizó dentro del periodo legalmente habilitado. No obstante, la existencia de expedientes registrados después del 22 de octubre no demuestra por sí sola que fueran extemporáneos, puesto que también debe comprobarse cuándo se solicitó formalmente la cita y qué efectos jurídicos tenía esa gestión previa.

Por el momento, las acusaciones publicadas contra María Prada y el personal consular no equivalen a una resolución judicial que confirme la existencia de falsedad documental. Tampoco se ha acreditado cuántas nacionalidades pudieron concederse como consecuencia de las supuestas alteraciones.

Estas nuevas informaciones añaden otro episodio a las controversias que rodean la aplicación de la ley de nietos, cuya tramitación en distintos consulados españoles ya había suscitado denuncias y peticiones de investigación. La documentación difundida sitúa ahora el foco en las prácticas administrativas de la representación española en México y en la necesidad de esclarecer si se modificaron fechas oficiales para permitir la tramitación de solicitudes fuera de plazo.