El consulado de España en Buenos Aires ha revisado 10.500 expedientes de nacionalidad tramitados al amparo de la conocida como ‘ley de nietos’ sin encontrar pruebas concluyentes del exilio de los antepasados de los solicitantes. Según publica Okdiario, en la mayoría de los casos, los beneficiarios no aportaron documentación que acreditase esa condición, mientras que las pruebas presentadas en otros expedientes tampoco resultarían suficientes.

Buenos Aires es el consulado que gestiona el mayor volumen de solicitudes de nacionalidad española, con 645.000 peticiones recibidas. De ellas, se ha recopilado documentación de 230.000 potenciales beneficiarios y se han resuelto 30.000 solicitudes, según los datos publicados sobre el proceso iniciado tras la aprobación de la Ley de Memoria Democrática.

La revisión se produce después de que el Tribunal Supremo suspendiera el derecho al voto de nacionalizados por esta vía y exigiera al Gobierno identificar a los afectados antes de las elecciones del 29 de noviembre. La cifra facilitada por la Dirección General de Asuntos Consulares asciende a 163.020.

El Alto Tribunal ha requerido a los ministros de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, que remitan la relación nominal a la Junta Electoral y a la Oficina del Censo Electoral. El requerimiento advierte de posibles responsabilidades penales y multas si no se cumple lo ordenado.

La controversia se centra en una instrucción firmada por Sofía Puente, entonces directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, que estableció una presunción de exilio para quienes abandonaron España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La interpretación permitió tramitar solicitudes con la justificación de la salida del país del antepasado, sin exigir necesariamente pruebas específicas del exilio por motivos políticos, ideológicos o de creencias.

Según los datos remitidos al Supremo, solo 91 personas han acreditado el exilio entre los 31.390 expedientes revisados hasta el momento. Estos beneficiarios sí podrán ejercer el voto en los próximos comicios.

El tribunal considera «incomprensible» que la Administración todavía no haya facilitado la lista completa de electores afectados, al entender que su identificación resulta esencial para garantizar la transparencia y la objetividad del proceso electoral.

Por su parte, Exteriores ha asegurado que los consulados están realizando los esfuerzos necesarios para cumplir los requerimientos judiciales y que redoblarán el trabajo si resulta preciso. El Gobierno ya ha reconocido las dificultades para completar la identificación antes de las elecciones, lo que podría abrir la puerta a impugnaciones relacionadas con el voto exterior.