El Gobierno de Sánchez ha pactado con Podemos un decreto para conceder la residencia a cerca de 500.000 inmigrantes ilegales —sin incluir a sus familiares— sin aclarar aspectos clave del procedimiento ni detallar los criterios de seguridad que se aplicarán. Ni la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ni los dirigentes de Podemos, entre ellos la diputada Ione Belarra, explicaron con precisión cómo se evaluará el historial de quienes opten a la regularización.
Uno de los puntos más delicados afecta a los antecedentes penales. El decreto mantiene su exigencia formal, aunque introduce la posibilidad de que estos puedan cancelarse o borrarse. Sin embargo, el texto omite por completo cualquier referencia a los antecedentes policiales, una ausencia que ha encendido las alarmas en ámbitos judiciales y policiales.
La distinción no es menor. Los antecedentes penales sólo existen tras una condena firme dictada por un tribunal. Los antecedentes policiales, en cambio, recogen detenciones practicadas por las fuerzas de seguridad, aunque no hayan terminado todavía en sentencia. Fuentes judiciales consultadas por El Debate advierten de que esta diferencia permite situaciones especialmente problemáticas. «Desde la primera detención hasta la primera condena firme pueden acumularse 30 o 40 detenciones. Ninguna de ellas impediría la regularización prevista por el decreto», señalan.
Estas fuentes subrayan que el escenario es muy distinto al de un extranjero que entra legalmente en España y solicita un permiso de residencia. En este caso, recuerdan, el Estado regulariza estancias que nacen de una irregularidad administrativa, es decir, de una presencia ilegal. Y lo hace sin consultar a la Policía sobre detenciones previas, limitándose a comprobar si existe o no una condena judicial firme. El problema, insisten, es que los tribunales tardan años en dictar sentencias definitivas.
El resultado, advierten, es que el decreto facilita la legalización de estancias de inmigrantes con un largo historial de detenciones, un factor que contribuye a la creciente percepción de inseguridad ciudadana. Una inquietud que comparten los cuerpos policiales.
