La Moncloa ha hecho del real decreto-ley una herramienta de uso cotidiano. Desde su llegada al poder en junio de 2018, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recurrido a esta fórmula de manera masiva, hasta alcanzar los 168 decretos aprobados, una cifra sin precedentes en la democracia española y muy superior a la de todos sus antecesores.
El contraste con otros gobiernos resulta elocuente. El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy utilizó este instrumento en 109 ocasiones a lo largo de casi siete años, entre 2011 y 2018. Sánchez, en cambio, ha sumado 59 decretos más en apenas la mitad de tiempo, consolidando un modelo de acción política basado en la urgencia permanente y el atajo legislativo.
El real decreto-ley está recogido en la Constitución como un mecanismo excepcional, reservado a situaciones de extraordinaria y urgente necesidad. Durante la pandemia de coronavirus, su empleo se intensificó debido a la emergencia sanitaria. Sin embargo, lejos de moderarse tras aquel periodo, el Gobierno ha mantenido e incluso normalizado su utilización, hasta el punto de aprobar una media de un decreto cada 16 días.
El artículo 86 de la Constitución es explícito al señalar que este recurso solo puede emplearse en circunstancias excepcionales. Pese a ello, el Ejecutivo de Sánchez ha llevado esta vía hasta extremos desconocidos. Basta una comparación histórica para constatarlo. El expresidente del Gobierno Adolfo Suárez, bajo cuyo mandato se elaboró la Carta Magna, aprobó 51 decretos entre 1978 y 1981, tres veces menos que el actual jefe del Ejecutivo.
Tampoco los gobiernos socialistas anteriores alcanzaron cifras similares. El expresidente Felipe González, que ocupó la Presidencia durante 14 años, recurrió al decreto-ley en 129 ocasiones. Sánchez ya ha superado ese número en 39 disposiciones, pese a llevar la mitad de tiempo en La Moncloa. Y José María Aznar firmó 130 decretos en ocho años, y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero cerró sus dos legislaturas con 108. Rajoy mantuvo el listón en 109. Ninguno se aproxima al ritmo actual.
Este martes, el Gobierno volvió a servirse de esta fórmula para intentar sacar adelante en el Congreso un decreto ómnibus que mezclaba medidas energéticas con la subida de las pensiones y la prórroga de la prohibición de los desahucios. No es un caso aislado. En 2024, otro decreto de este tipo incluyó, junto a medidas tributarias, la cesión del edificio del Instituto Cervantes en París al Partido Nacionalista Vasco.
Frente a la tramitación de una ley ordinaria, que puede prolongarse entre seis y dieciocho meses, el real decreto-ley entra en vigor de forma inmediata tras su aprobación en el Consejo de Ministros. Además, limita de forma drástica la intervención parlamentaria, ya que los grupos no pueden presentar enmiendas y el único trámite exigido es la convalidación posterior en el Congreso.
