El Defensor del Pueblo ha constatado hasta cinco fallos distintos en las pulseras telemáticas de control de agresores en casos de violencia de género durante 2025, según recoge el informe presentado este martes en el Congreso. El documento, elaborado por la institución que dirige el exministro Ángel Gabilondo, confirma una serie de deficiencias técnicas que comprometen la eficacia del sistema y la protección de las víctimas.

Las quejas registradas apuntan a problemas de cobertura móvil, errores en la geolocalización, baterías deficientes, facilidad de manipulación y uso de tecnología obsoleta. Estas fallas provocaron «constantes avisos y falsas alarmas» que activaban protocolos de emergencia sin causa real, lo que tensiona tanto a las víctimas como a los recursos policiales.

El informe recoge además situaciones especialmente graves. En uno de los casos, el agresor manipuló la pulsera para generar alertas en el dispositivo de la víctima, lo que le provocó «un permanente estado de tensión». Pese a que los jueces ordenaron sustituir el dispositivo, el problema se repitió. En otro expediente, el propio agresor denunció que su expareja rompía de forma intencionada el perímetro de seguridad para provocar incidentes que después denunciaba como quebrantamientos.

El documento también señala que las deficiencias técnicas no son nuevas. La Fiscalía General del Estado ya advirtió en 2022 de las dificultades de funcionamiento de estos dispositivos en zonas rurales por razones geográficas, una advertencia que no tuvo impacto público en su momento.

El Gobierno reconoció implícitamente estos problemas a comienzos de año. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, anunció en enero un nuevo contrato para sustituir las pulseras por tobilleras telemáticas «más fiables» y «menos manipulables». El plan, con un coste base de 71,3 millones de euros y vigencia hasta 2029, busca corregir los fallos que han impedido detectar incumplimientos de condenas y que, según informaciones publicadas en 2025, llegaron a provocar el archivo de causas judiciales e incluso la absolución de agresores.

El Defensor del Pueblo advierte también de dificultades de acceso a los sistemas de protección Cometa y Atempro por parte de víctimas de violencia sexual, pese a que la legislación vigente prevé su incorporación automática tras la aprobación de la ley del «solo sí es sí».

La magnitud del sistema añade presión sobre su funcionamiento. Según los datos oficiales recogidos en el informe, el sistema Cometa gestionaba en septiembre de 2025 unos 30 millones de geoposicionamientos diarios, con cerca de 1.700 alertas al día y 4.730 mujeres atendidas. El servicio Atempro, por su parte, ha asistido a más de 152.000 mujeres desde su creación y superó los 18.000 casos activos en 2024.

El alto comisionado subraya que se trata de un sistema complejo en el que intervienen distintas administraciones y que exige coordinación para evitar fallos que puedan derivar en una nueva victimización. Sin embargo, los datos revelan que los errores técnicos no han sido puntuales, sino estructurales, con consecuencias directas en la protección real de las víctimas y en la eficacia de las medidas judiciales.