Hace unos días, durante una entrevista en TV3, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, desveló que pactó con el Gobierno de Pedro Sánchez que no se recurriese la ley sobre el catalán en las escuelas aprobada por el Parlament el pasado mes de julio.
Esta normativa, emanada del legislativo autonómico catalán, sirvió para esquivar la obligación que impuso el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de aplicar un 25% de castellano en la enseñanza en la región.
En 2014, el TSJC estableció que las escuelas catalanas tuviesen que impartir el 25% de sus clases como mínimo en castellano. Esa sentencia sirvió de base jurídica para que numerosas familias exigiesen poco a poco su aplicación colegio por colegio y la mayoría recurriendo a los tribunales.
El Tribunal Supremo avaló esta decisión y, el 16 de diciembre de 2020, otra sentencia del TSJC amplió esa obligatoriedad a toda la educación catalana. Desde entonces el Govern ha tratado de buscar la fórmula para esquivar su cumplimiento. Para ello, la Generalitat elaboró varias normas sobre “uso de las lenguas en la escuela” y que no vinculan el uso del castellano o el catalán en las aulas a ningún tipo de porcentaje. Pero, ¿cómo hemos llegado a esta situación? ¿Cómo hemos permitido que el castellano esté desterrado en Cataluña?
El primer aviso: el Manifiesto de los 2.300
En 1978, el Gobierno de España incorporó mediante real decreto la lengua catalana al sistema de enseñanza en Cataluña. Tras la aprobación del Estatuto de Autonomía en 1979, el Ejecutivo de Adolfo Suárez traspasó a la Generalitat las competencias en materia de educación. Primer error; no exclusivo de Cataluña, sino algo que terminó aplicándose a todas las comunidades.
En marzo de 1980 se produjeron las primeras elecciones al Parlamento de Cataluña desde la Segunda República, que auparon a Jordi Pujol a la Presidencia de la Generalitat. En el discurso de investidura, Pujol dejó claro su proyecto lingüístico: “Uno de los objetivos fundamentales del programa y del Gobierno que tengo el honor de presentar en este Parlamento será la normalización de la lengua catalana”, dijo.
“La Administración, los servicios públicos, los medios de comunicación, la enseñanza y en general todos los ámbitos del uso lingüístico deben” hacer evidente que el catalán sea en la práctica “la lengua propia de Cataluña”, advirtió el recién elegido president. El proyecto estaba claro, había que desterrar el castellano de la vida pública. Y lo cumplió.
Antes de que el nuevo Govern impulsara la legislación que materializaría lo anunciado por Pujol, un grupo de intelectuales y profesionales que por entonces vivían y trabajaban en Cataluña, firmaron el ‘Manifiesto por la igualdad de derechos lingüísticos en Cataluña’. Conocido como Manifiesto de los 2.300 ―en referencia al número de personas que secundaron el documento en un inicio― se publicó en el Diario 16 en marzo de 1981, y en él alertaban de la deriva totalitaria de la Generalitat en este aspecto.
El manifiesto llamaba a todos los “demócratas” a sumarse al mismo y a difundirlo, asegurando no buscar otra cosa que “restaurar un ambiente de libertad, tolerancia y respeto entre todos los ciudadanos de Cataluña” para contrarrestar la “tendencia actual hacia la intransigencia y el enfrentamiento entre comunidades”. En cuanto a la educación, el manifiesto advertía que el derecho a recibir la enseñanza en la lengua materna castellana ya empezaba a no ser respetado en Cataluña.
Derechos como los referentes al uso público y oficial del castellano, a recibir la enseñanza en la lengua materna o a no ser discriminado por razones de lengua, “están siendo despreciados, no sólo por personas o grupos particulares, sino por los mismos poderes públicos sin que el Gobierno central o los partidos políticos parezcan dar importancia a este hecho gravísimamente antidemocrático”, denunciaban. Los firmantes del manifiesto afirmaban que no había ninguna razón “democrática” que justificara el propósito de convertir el catalán en la única lengua oficial de Cataluña, como mostraban los proyectos de Pujol.
Los promotores no erraron al denunciar la situación de intolerancia que se vivía en Cataluña y los propósitos totalitarios de la Generalitat que presidía Pujol: dos meses después, Federico Jiménez Losantos, uno de los impulsores del manifiesto, fue secuestrado por el grupo terrorista independentista Terra Lliure y fue herido con un disparo; dos años después, las amenazas de Pujol se convirtieron en ley.
La «normalización lingüística» de Jordi Pujol
El 6 de abril de 1983 el Parlament aprobó la Ley de Normalización Lingüística, dando el pistoletazo de salida al destierro del español en Cataluña. Esta ley establecía que el catalán fuera la lengua vehicular de la enseñanza, esto es, que el catalán es la lengua en la que se imparten todas las materias y asignaturas, exceptuando la enseñanza de lenguas extranjeros y del castellano.
La nueva legislación dedicaba un apartado a la “normalización” del catalán en los medios de comunicación. No es casualidad que ese mismo año se produjera el nacimiento de TV3, el canal autonómico de Cataluña, con toda la programación en catalán, canal que se convirtió en una gran herramienta para la Generalitat en su cruzada de “normalización”.
Pero Pujol quiso amarrar el proceso a largo plazo, y por eso optó por incluir en la ley el concepto de inmersión lingüística en las escuelas ―el totalitarismo siempre apuesta por la educación―. El catalán se convertía en el idioma vehicular de la enseñanza, como hemos dicho, y en la lengua de “expresión normal” de las actividades escolares. La ley establecía que sólo recibirían el certificado de estudios los alumnos que acreditasen un conocimiento “suficiente del catalán”. También había que tener un conocimiento “suficiente” de castellano. Para ello, los profesores también debían conocer las dos lenguas.
Esta legislación quedaría derogada por la Ley de Política Lingüística, alumbrada el 7 de enero de 1998, también impulsada por el Gobierno de Pujol, que blindó la política lingüística de “normalización” y fue más lejos que la anterior en el sector audiovisual y en la Administración. Dos años antes se produjo el famoso ‘Pacto del Majestic’, por el que José María Aznar, necesitado de apoyos para ser investido presidente del Gobierno, pidió el apoyo de la formación de Pujol en el Congreso a cambio de una serie de contrapartidas suculentas para los nacionalistas: financiación y más competencias.
Aznar devolvería el favor del apoyo de Pujol haciendo lo propio en 1999 con CIU en las elecciones autonómicas de Cataluña en la que iba a ser el último mandato de Pujol, cuando el PP apoyó la investidura de éste. Que Aznar siga siendo el ídolo de la derecha boomer es un misterio sin resolver, pero esa es otra historia.
Tras la marcha de Pujol llegó el Tripartiro, que dirigió la comunidad desde 2003 a 2010. En ese periodo, además del nuevo Estatuto, se dio un paso más en materia de sanciones. En febrero de 2006, la Generalitat puso en marcha cinco Oficinas de Garantías Lingüísticas para velar que los establecimientos de los comercios rotulaban en catalán y que las tiendas estuvieran en condiciones de atender a los clientes en esa lengua.
Después llegaron Artur Mas, Carles Puigdemont, el golpe de Estado, un tímido 155, Quim Torra y Pere Aragonès; todos siguiendo el guión gestado por Pujol en los años 80. Todos sabedores de la importancia de desterrar el castellano de Cataluña; importante, claro está, en aras a la desconexión con el resto de España.
El TSJC y el 25%
En 2020 el TSJC intentó revertir algo la situación imponiendo a la Generalitat un 25% de castellano en las aulas. Los nacionalistas trataron de esquivar esa bala con una legislación ambigua, rechazando expresamente el establecimiento de porcentajes. Estas nuevas normas reconocen el “uso curricular” del castellano, pero no su condición “vehicular”. El TSJC envió al Constitucional ambas leyes porque ve en ellas visos de inconstitucionalidad. Y ahí ha quedado la cosa.
A esta situación hemos llegado, entre otras cosas, por los acuerdos de gobernabilidad entre PP y PSOE con los nacionalistas catalanes, que supusieron en la práctica un pacto de no agresión en materia lingüística. Los culpables son los partidos separatistas; pero los responsables son, sin duda, los partidos sistémicos; esto es, el PP y el PSOE.
