España, que durante décadas fue referencia europea en ingeniería hidráulica, afronta hoy una paradoja alarmante: mientras las borrascas llenan los cielos, una parte sustancial del agua caída no podrá almacenarse. El deterioro estructural y la falta de inversión en presas y embalses provocará que en algunos casos se pierda hasta un 40% de la capacidad de almacenamiento disponible, según informa Vozpópuli.

Con 2.453 presas —1.093 de ellas consideradas grandes presas—, el país fue modelo en gestión hídrica. Sin embargo, el abandono progresivo del mantenimiento, la escasa modernización y la acumulación de sedimentos han convertido buena parte de estas infraestructuras en estructuras incapaces de responder a ciclos cada vez más extremos de lluvias torrenciales y sequías prolongadas.

El propio Gobierno admite que muchos embalses construidos entre los años 50 y 70 han perdido entre un 25% y un 40% de su capacidad real. En algunos casos operan apenas al 60%. El fenómeno de la sedimentación —la colmatación del vaso por arrastres de tierra, cenizas tras incendios y erosión— ha reducido significativamente la capacidad útil del sistema.

Ingenieros del sector alertan de dos problemas estructurales. Primero, el deterioro de elementos mecánicos e hidráulicos —compuertas, aliviaderos, desagües— que impiden una gestión eficaz del caudal y elevan riesgos de seguridad. Segundo, el aterramiento progresivo, que exige dragados periódicos y restauración forestal en las cuencas afectadas, actuaciones que apenas se han ejecutado.

Las consecuencias ya son visibles. La Confederación Hidrográfica del Guadiana ha tenido que abrir compuertas en la presa de la Vega del Jabalón para proteger la infraestructura, pese a que el embalse sólo almacena la mitad de su capacidad total. En la cuenca del Segura, el embalse de Cenajo apenas alcanza el 25%, mientras parte del agua desembalsada termina en el Mediterráneo ante la falta de capacidad de regulación.

Infraestructuras clave como el canal que abastece La Pedrera o el sifón de Orihuela operan a medio rendimiento por averías y reparaciones largamente postergadas. En las cuencas más áridas —Ebro, Segura, Júcar, Guadalquivir— la situación es especialmente preocupante, precisamente donde el agua es un recurso estratégico.

El sector del regadío ha vuelto a dar la voz de alarma. La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) exige una inversión anual de 100 millones de euros para mantenimiento y modernización, además de la construcción de 27 nuevos embalses. Sin actuaciones urgentes, advierten, España compromete su seguridad hídrica y alimentaria.

Los datos oficiales confirman la magnitud del problema. Un informe del Ministerio para la Transición Ecológica reconoce que un tercio de las presas estatales necesita refuerzos estructurales urgentes y que el 65% requiere renovar o sustituir sus sistemas de vigilancia. El estudio del CEDEX sobre sedimentación estima que España ha perdido entre un 10% y un 15% de su capacidad total de almacenamiento, equivalente a 5.000–8.000 hectómetros cúbicos.

En un país cíclicamente castigado por la sequía, el deterioro del sistema hidráulico no es sólo una cuestión técnica, sino estratégica. España dispone de la infraestructura para almacenar agua, pero la falta de mantenimiento y planificación amenaza con convertir esa ventaja histórica en una debilidad estructural.