«Ser es defenderse», Ramiro de Maeztu
declararán como investigadas

El juez rastreará las cuentas de la empresa de las hijas de Zapatero tras la confesión de su presunto testaferro

Hijas de Zapatero. Redes sociales

La declaración de Julio Martínez Martínez ante la Audiencia Nacional ha situado a la empresa de las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero en el centro de la investigación sobre el rescate de Plus Ultra. Durante el interrogatorio, el juez José Luis Calama anunció que revisará de forma exhaustiva los movimientos económicos de Whathefav, administrada por Alba y Laura Rodríguez Espinosa.

Los informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) sostienen que la compañía habría actuado como una sociedad instrumental para hacer llegar a Zapatero las ganancias procedentes del presunto tráfico de influencias investigado. Whathefav aparece como la última pieza de una estructura diseñada, según los investigadores, para canalizar y ocultar los pagos relacionados con las gestiones que desembocaron en el rescate público de 53 millones de euros concedido a la aerolínea.

Análisis Relevante, la sociedad de Julio Martínez, abonaba a Whathefav una iguala mensual de 5.000 euros por supuestos trabajos de maquetación de informes de asesoría. Fuentes conocedoras de la declaración señalan que Calama mostró abiertamente sus dudas sobre que esos servicios justificaran semejante remuneración.

A preguntas de su abogado, Martínez explicó que Whathefav dejó de realizar las labores de maquetación en 2022. Sin embargo, Análisis Relevante continuó pagando la misma cantidad. Interrogado sobre el motivo por el que mantuvo los abonos pese al cese de los trabajos, respondió que las beneficiarias eran las hijas de Zapatero.

Alba y Laura Rodríguez Espinosa declararán como investigadas

Un día después de la declaración de Martínez, Calama acordó imputar a Alba y Laura Rodríguez Espinosa. La decisión respondió a la petición de la fiscal Anticorrupción Elena Lorente y de las acusaciones populares, coordinadas por el Partido Popular.

Ambas deberán comparecer en calidad de investigadas, aunque todavía no se ha fijado una fecha. Las declaraciones no se producirán antes de septiembre, ya que el magistrado comunicó a las partes que no tenía previsto ordenar nuevos interrogatorios hasta entonces.

En su auto, Calama recuerda que las dos hermanas figuran como administradoras formales de Whathefav. Los investigadores definen la empresa como una sociedad «instrumental» destinada a recibir los fondos que presuntamente correspondían a Zapatero por sus gestiones para lograr la aprobación del rescate de Plus Ultra.

Esta circunstancia «determina, por sí misma, la procedencia de su citación en calidad de investigadas», sostiene el magistrado. La investigación atribuye a Whathefav «un papel instrumental en la canalización, ocultación o facilitación de operaciones relevantes» para los hechos examinados.

Calama añade que «esa mera constatación objetiva» coloca a las administradoras dentro del círculo de personas potencialmente afectadas por la imputación, debido a su condición de representantes y responsables de la dirección jurídica de la empresa.

Una facturación creada para justificar los pagos

La investigación concluye que Whathefav habría actuado «como elemento finalista del entramado», al recibir fondos tanto de clientes de la red como de la propia estructura investigada. También habría operado «como centro de redistribución de flujos económicos», canalizando pagos hacia Zapatero y su entorno.

El juez destaca además que la sociedad generaba «facturación ad hoc» para proporcionar una cobertura formal a movimientos financieros que, según las pesquisas, carecían de una actividad económica real que los justificara.

Whathefav también participaba en la difusión de los informes elaborados por Análisis Relevante, aunque «sin aportar valor técnico propio». Para el instructor, esta ausencia de una prestación efectiva refuerza la tesis de que se trataba de una estructura instrumental.

Calama ha justificado que Alba y Laura Rodríguez Espinosa sean interrogadas como investigadas y no como testigos. Citarlas bajo esta última condición les impondría el deber de decir la verdad y les impediría reservarse información, lo que podría comprometer «de forma irreversible» su derecho a no declarar contra sí mismas y a no confesarse culpables.

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