El director de una ONG llamado Álvaro ha desvelado que su organización emite certificados de vulnerabilidad para inmigrantes en situación ilegal sin exigir pruebas documentales que acrediten dicha condición, limitándose a recoger el testimonio del solicitante y añadir un sello al documento.
Durante una intervención en el programa En Boca de Todos, el responsable explicó que el procedimiento consiste en solicitar únicamente el pasaporte original y realizar una breve entrevista a la persona interesada. A partir de ahí, trabajadores sociales o psicólogos valoran si existen indicios de vulnerabilidad, aunque reconoció que no se requiere ninguna verificación objetiva de los datos aportados.
Según detalló, el documento utilizado sigue un modelo elaborado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en el que se recogen posibles situaciones como pobreza, exclusión social o discriminación. Sin embargo, subrayó que las ONG colaboradoras no tienen la función de comprobar estos extremos, sino únicamente de reflejarlos en el formulario y validarlos mediante su sello.
El propio Álvaro insistió en que este certificado no tiene valor por sí mismo, sino que actúa como un anexo dentro del expediente de regularización administrativa del solicitante. En ese proceso más amplio, indicó, intervendrían otros actores —como abogados o la propia Administración— encargados de evaluar el conjunto de la documentación.
A lo largo de la entrevista, también admitió que, en muchos casos, la consideración de vulnerabilidad parte de un criterio general: la situación irregular en España. «Entendemos que esa circunstancia ya implica vulnerabilidad», afirmó, matizando no obstante que este reconocimiento no concede automáticamente acceso a ayudas sociales, vivienda o prestaciones públicas.
El responsable de la ONG, que mencionó a Aculco como ejemplo de entidad colaboradora, defendió que su labor se ajusta a las directrices marcadas por la Administración. Asimismo, explicó que estas organizaciones reciben financiación pública procedente de distintas instituciones, incluyendo administraciones estatales, autonómicas y locales.
Las declaraciones han generado controversia al poner sobre la mesa el papel de las entidades sociales en estos procedimientos y el alcance real de los certificados emitidos, especialmente en lo relativo a la verificación de las condiciones alegadas por los solicitantes.
