Numerosos delincuentes excarcelados de Marruecos, Argelia y cárceles de toda África estarían intentando acceder a España aprovechando el proceso de regularización extraordinaria impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez tras su acuerdo con Podemos. Así lo trasladan fuentes policiales a OkDiario, que alertan de movimientos recientes y de un posible impacto en la seguridad si no se refuerzan los controles.
Según estas mismas fuentes, en las últimas semanas se han detectado desplazamientos hacia territorio español de personas que habrían salido de prisión en sus países de origen y que buscan acogerse a este mecanismo administrativo. En el ámbito policial existe inquietud por el perfil de algunos de los potenciales beneficiarios, especialmente en un contexto internacional marcado por la inestabilidad en varias regiones africanas.
Uno de los factores que, a su juicio, influye en esta situación es la política de indultos en determinados países. En Marruecos, por ejemplo, se han concedido recientemente miles de perdones coincidiendo con festividades religiosas, incluyendo a personas condenadas por delitos graves. A esto se añade la presión sobre sistemas penitenciarios en zonas como el Sahel o África Oriental, donde los conflictos han deteriorado las estructuras estatales.
Las rutas de entrada, explican, no son únicamente las tradicionales. Además de los trayectos desde África, se estarían utilizando itinerarios alternativos a través de distintos países europeos. Algunos inmigrantes accederían a España tras desplazarse por países como Francia, Alemania o Bélgica, en ocasiones con documentación falsificada para acreditar una estancia previa en territorio español antes de la fecha límite exigida por el proceso.
También se ha detectado un aumento de llegadas desde Turquía, desde donde redes organizadas facilitarían el traslado hacia Europa a través de los Balcanes. Este itinerario, según las fuentes, resulta más económico que las travesías marítimas y está siendo utilizado tanto por ciudadanos africanos como asiáticos.
En paralelo, las fuerzas de seguridad españolas mantienen despliegues en países como Senegal, Gambia o Mauritania con el objetivo de frenar la inmigración ilegal en origen. Sin embargo, consideran que este tipo de iniciativas puede verse condicionado por políticas internas que incentiven la llegada.
Desde el punto de vista operativo, distinguen dos grandes perfiles dentro del fenómeno migratorio actual: por un lado, quienes buscan mejorar sus condiciones de vida —procedentes de distintas regiones del mundo— y, por otro, individuos con antecedentes delictivos que tratarían de regularizar su situación en España.
Otra de las preocupaciones señaladas es el posible efecto llamada que, según estas fuentes, podría generar el proceso. Consideran que la expectativa de obtener permisos de residencia podría incentivar nuevas llegadas y favorecer la actividad de redes de tráfico de personas. En este sentido, apuntan que, una vez regularizados, algunos beneficiarios podrían solicitar la reagrupación familiar, lo que incrementaría el número total de personas que accederían al país en los próximos años.
Asimismo, advierten de que la medida podría tener implicaciones a nivel europeo. Una persona regularizada en España podría trasladarse posteriormente a otro país de la Unión Europea y, en caso de problemas legales, ser devuelta a territorio español por contar con documentación emitida aquí.
Las cifras también generan discrepancias. Mientras el Ejecutivo maneja una estimación de alrededor de medio millón de beneficiarios, otros análisis elevan considerablemente esa cantidad. A ello se suma la dificultad de verificación en países donde los registros civiles son limitados o inexistentes.
