Los datos definitivos publicados el pasado mes de mayo confirman lo que ya era evidente, España suspende con nota en la ejecución de órdenes de expulsión, según Eurostat. En 2025 nuestro país emitió alrededor de 54.000 órdenes de salida a nacionales de terceros países y solo logró ejecutar aproximadamente 5.700 retornos efectivos. La tasa se sitúa en el 10,6%, una de las más bajas de toda la Unión Europea y prácticamente idéntica a la de Francia, que también acumula miles de órdenes sin materializarlas.
Mientras la media europea alcanza el 27,5% —con un repunte del 20,9% respecto a 2024—, España sigue instalada en el furgón de cola. Apenas una de cada diez órdenes dictadas se traduce en una salida verificada. El resto, más de 48.000 extranjeros con medida firme de expulsión, permanecen en territorio español sin que el Gobierno consiga hacerla efectiva. Un dato demoledor que pone en evidencia la ineficacia crónica del sistema español de retorno.
El contraste con otros Estados miembros es notable. Alemania, con 29.295 retornos ejecutados, alcanza una tasa aproximada del 53%, más del doble de la media europea y casi cinco veces la española. Mientras Berlín demuestra que es posible expulsar con cierta solvencia, Madrid y París acumulan órdenes que se convierten en papel mojado. Sin embargo, la asimetría no es casual y responde tanto a prácticas administrativas distintas como, sobre todo, a la incapacidad real de ejecutar las decisiones cuando el país de origen no colabora.
La falta de cooperación de los países de origen es la gran asignatura pendiente de España. Los nacionales más ordenados a salir en 2024 fueron, precisamente, argelinos (37.465) y marroquíes (31.555), dos de los colectivos con mayor presencia en las órdenes españolas. Sin embargo, ambos países brillan por su ausencia en las estadísticas de retornos efectivos de 2025. Turquía, Georgia, Albania o los Balcanes Occidentales —países con acuerdos de readmisión y palanca diplomática— dominan las listas de expulsiones reales. Argelia y Marruecos, en cambio, encabezan las órdenes pero desaparecen de los retornos. Esa brecha no es estadística, es la huella de la no cooperación sistemática.
La UE cuenta con la palanca del artículo del Código de Visados para presionar a los terceros países que no colaboran (Bangladés, Irak, Gambia, Guinea o la propia Argelia), pero su aplicación sigue siendo tibia y poco efectiva, y esto hace que el Gobierno de Pedro Sánchez acumule miles de órdenes emitidas que nunca se cumplen.
El nuevo Reglamento de Retorno aprobado en marzo de este año (con orden europea de retorno, reconocimiento mutuo e internamiento de hasta 24 meses) y un uso más decidido de la palanca de visados apuntan al eslabón débil. Su eficacia real será la que determine si España logra salir del furgón de cola.
