Los distintos gobiernos de Pedro Sánchez han concedido más de 1,7 millones de nacionalidades españolas desde 2018, consolidando un cambio de escala en el acceso a la ciudadanía. El proceso, que no sólo modifica el estatus legal de los beneficiarios, abre además la puerta a su participación en las elecciones generales si cumplen los requisitos, lo que introduce un impacto político directo en el censo electoral.
El grueso de estas concesiones procede de la nacionalidad por residencia, que supera los 1,3 millones entre 2018 y 2025, según datos cruzados de los ministerios competentes analizados por The Objective. A este canal se suma la vía extraordinaria impulsada por la Ley de Memoria Democrática, que ha permitido otorgar alrededor de 400.000 nacionalidades adicionales a descendientes de españoles exiliados.
El ritmo de concesiones ha alcanzado cifras récord en los últimos años. Desde 2023, España encadena más de 200.000 nacionalidades anuales: 242.374 en 2023, 221.466 en 2024 y 221.284 en 2025. Este incremento consolida un umbral superior al promedio del periodo, situado en torno a las 165.000 concesiones anuales.
A este volumen se añade un factor clave que acelera el acceso a la nacionalidad: los matrimonios mixtos. Entre 2018 y 2024 se registraron 165.000 enlaces entre españoles y extranjeros, según el Instituto Nacional de Estadística. Este tipo de uniones reduce el plazo de acceso a sólo un año de residencia, frente a los diez exigidos con carácter general, lo que convierte esta vía en un canal directo hacia la ciudadanía.
Además, la legislación contempla plazos reducidos para ciudadanos de países iberoamericanos, Filipinas y Guinea Ecuatorial, que pueden solicitar la nacionalidad tras dos años de residencia. Este marco legal acelera la incorporación de determinados colectivos al sistema.
El aumento de concesiones ha ido acompañado de un crecimiento sostenido de las solicitudes. En 2023 se registraron cerca de 200.000 peticiones, cifra que subió a 246.663 en 2024 y alcanzó las 295.107 en 2025, el nivel más alto de la serie. El incremento supera el 70% en apenas tres años.
La Administración ha logrado reducir el atasco histórico mediante la digitalización, la externalización de servicios y planes de choque. Sin embargo, el volumen de entrada vuelve a tensionar el sistema. A cierre de 2025, había 256.393 expedientes pendientes, concentrados en su mayoría en ese mismo ejercicio.
Ese año se resolvieron 256.219 solicitudes, una cifra que refleja la capacidad del sistema para absorber expedientes, aunque también evidencia que el equilibrio se rompe cuando las nuevas peticiones superan el ritmo de resolución.
El marco migratorio refuerza esta tendencia. La regularización extraordinaria planteada por el Gobierno podría afectar a unas 700.000 personas, que obtendrían autorización de residencia, paso previo imprescindible para acceder a la nacionalidad.
Este escenario anticipa un nuevo aumento de solicitudes en los próximos años, especialmente si se mantienen los plazos reducidos para determinados colectivos. A ello se suma el elevado número de solicitudes ligadas a la Ley de Memoria Democrática, que supera los 2,3 millones en trámite en consulados.
La evolución desde 2018 refleja un cambio estructural en la política de nacionalidad en España. La combinación de altos niveles de entrada, vías rápidas de acceso y mecanismos extraordinarios ha situado el sistema en máximos históricos.
El volumen de nuevas nacionalidades no sólo transforma el mapa demográfico, sino que introduce implicaciones políticas a medio plazo, al ampliar el cuerpo electoral en un contexto de creciente presión migratoria y debate sobre el modelo de integración.
