La investigación judicial sobre la presunta financiación irregular del PSOE ha incorporado una nueva línea de análisis centrada en 52 facturas abonadas por el partido y relacionadas con miembros de la trama vinculada al exministro de Transportes José Luis Ábalos. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil examina si esos documentos responden a servicios realmente prestados o si fueron utilizados para justificar pagos cuya finalidad real podría ser distinta a la reflejada en la contabilidad.
La pieza fue abierta en diciembre por el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno para investigar pagos en efectivo realizados entre 2017 y 2024. El magistrado acordó declarar secretas las diligencias por «la especial naturaleza del delito que se investiga», por el contenido reservado de la documentación aportada por el PSOE y porque los datos afectan a cargos, trabajadores, simpatizantes y voluntarios del partido.
Según ha publicado The Objective, los agentes han puesto el foco en una serie de facturas abonadas por el PSOE tras un primer análisis de su contenido, formato y circunstancias de emisión. La sospecha de los investigadores es que parte de esa documentación pudiera haber sido elaborada de forma específica para dar cobertura contable a determinados pagos efectuados por la formación socialista.
La relevancia de esta línea de investigación radica en su conexión con el presunto cobro de comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones públicas. De acuerdo con las pesquisas, la organización investigada habría obtenido importantes cantidades de dinero derivadas de contratos públicos y parte de esos fondos podría haber sido canalizada después mediante mecanismos de ocultación, entre ellos la emisión de facturas ad hoc.
Los investigadores tratan de determinar si los servicios facturados fueron reales, si algunos importes fueron inflados o si determinadas operaciones sirvieron para introducir en el circuito económico ordinario dinero procedente de las presuntas comisiones. La hipótesis de la UCO, aún bajo investigación, apunta a que la documentación mercantil pudo ser utilizada como una apariencia de legalidad para regularizar cantidades de origen presuntamente ilícito.
Uno de los aspectos que más ha llamado la atención de los agentes es el origen de los documentos incorporados a la causa. Parte de la documentación fue entregada por el PSOE en un dispositivo de almacenamiento digital para justificar pagos efectuados en metálico. Sin embargo, los investigadores comprobaron que algunos de esos documentos ya habían sido remitidos con anterioridad al Tribunal de Cuentas dentro de sus labores ordinarias de fiscalización.
El Tribunal de Cuentas había solicitado información detallada sobre estas operaciones meses antes de que se abriera la investigación secreta en la Audiencia Nacional. En concreto, el 29 de septiembre requirió a varias empresas que habían emitido facturas al PSOE durante los ejercicios 2021 y 2022 para que aclarasen distintos extremos sobre los pagos recibidos.
Entre la información solicitada figuraban los métodos de pago empleados, con indicación de si las cantidades fueron abonadas por transferencia bancaria, en efectivo o mediante cheque, además del importe exacto y la fecha de cada operación. El objetivo era comprobar la trazabilidad de los movimientos económicos reflejados en la contabilidad socialista.
Las facturas analizadas corresponden, entre otros conceptos, a gastos supuestamente realizados por miembros de la trama en restaurantes y empresas. Entre los locales figura La Tragantía, un conocido establecimiento madrileño frecuentado por investigados del entorno de Ábalos. Según la documentación examinada, el PSOE habría abonado 52 facturas correspondientes a comidas y cenas celebradas en ese restaurante en un periodo inferior a un año, con operaciones concentradas en apenas nueve meses.
Los pagos se habrían realizado mediante distintos métodos. Algunos constan como transferencias bancarias y otros como pagos en efectivo por parte del PSOE. Precisamente, el uso de dinero en metálico constituye uno de los elementos que más interés ha despertado entre los agentes, al dificultar la reconstrucción completa del recorrido de los fondos.
La investigación se encuentra todavía bajo secreto. La Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción continúan el análisis de la documentación incorporada a la causa, mientras el caso Ábalos vuelve a situar bajo presión la contabilidad del partido de Pedro Sánchez y abre una vía de enorme alcance político: si el dinero de las presuntas comisiones terminó o no conectado con estructuras internas del PSOE.
