El Ministerio de Justicia, dirigido por el ministro Félix Bolaños, ha adjudicado un contrato de 1,7 millones de euros para agilizar la concesión de nacionalidad a 256.393 inmigrantes cuyos expedientes seguían pendientes a cierre de 2025. La mayoría de estos futuros nacionalizados podrá votar en las elecciones generales previstas, en principio, para el verano de 2027, lo que introduce un claro impacto político en el censo.
El contrato, adjudicado a la empresa Neoris España, tendrá una duración de dos años y se centra en el desarrollo, mantenimiento y soporte de los sistemas de Nacionalidad. La decisión llega en un contexto de fuerte presión administrativa tras el récord de solicitudes registrado en 2025, con más de 295.000 peticiones.
Según datos de la Subdirección General de Nacionalidad, más de 218.000 de los expedientes pendientes corresponden solo a 2025, lo que evidencia que el atasco no responde a retrasos históricos, sino al incremento reciente de entradas. En 2024 ya se habían registrado 246.663 solicitudes, consolidando una tendencia al alza.
El proceso de adjudicación se resolvió mediante un acuerdo marco que limitó la concurrencia a empresas previamente seleccionadas. El Gobierno invitó a 30 grandes compañías tecnológicas, aunque varias quedaron fuera desde el inicio o se retiraron. Finalmente, 13 aspirantes compitieron, pero la oferta económica de Neoris se impuso con claridad frente a gigantes como Indra, Accenture o Capgemini.
El resultado se decidió en una puja a la baja, en la que el factor económico fue determinante. Algunas grandes empresas no ajustaron sus propuestas al nivel exigido, lo que facilitó la adjudicación final.
El refuerzo tecnológico llega en paralelo a otro elemento clave: la regularización extraordinaria impulsada por el Gobierno, que podría beneficiar a alrededor de 500.000 inmigrantes en situación irregular. Este proceso permitirá a estos ilegales acceder a la residencia legal, requisito imprescindible para solicitar la nacionalidad.
La normativa española añade un elemento de aceleración. Los ciudadanos de países iberoamericanos, Filipinas y Guinea Ecuatorial pueden solicitar la nacionalidad tras solo dos años de residencia legal. Este marco anticipa que una parte significativa de los nuevos regularizados podrá iniciar el proceso en un plazo reducido.
El sistema ya ha demostrado capacidad para gestionar grandes volúmenes. Entre 2020 y 2025 se registraron más de 1,14 millones de solicitudes y se concedieron más de 1,07 millones de nacionalidades. Sin embargo, el récord de 2025 ha generado un nuevo cuello de botella que ahora el Gobierno intenta aliviar.
El movimiento del Ministerio de Justicia no se limita a una cuestión administrativa. La resolución de cientos de miles de expedientes en los próximos dos años coincide con el calendario electoral, lo que podría alterar el cuerpo electoral en las próximas generales.
A esta presión interna se suma el volumen de solicitudes derivadas de la Ley de Memoria Democrática, que se tramitan por vías distintas pero elevan el total global de peticiones de nacionalidad a cifras muy superiores.
El Ejecutivo busca acelerar los plazos a corto plazo, pero el problema apunta a ser estructural. La combinación de nuevas entradas, regularizaciones masivas y condiciones favorables para determinados perfiles anticipa que el sistema seguirá bajo tensión en los próximos años.
