La decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de permitir la «regularización» de presos extranjeros en prisión provisional ha encendido las alarmas en la Policía, que advierte de un efecto inmediato: dificultará todavía más las expulsiones en un sistema ya colapsado.
El decreto aprobado por el Ejecutivo abre la puerta a que reclusos sin condena firme —unos 3.500 según estimaciones oficiales— puedan solicitar el permiso de residencia. Aunque deberán acreditar la ausencia de antecedentes penales en sus países de origen, la existencia de antecedentes policiales en España no será motivo automático de rechazo.
Este punto es el que genera mayor inquietud entre los agentes. El texto deja en manos de funcionarios del Ministerio de Migraciones la decisión final, con una valoración «casuística» sobre si el solicitante supone un riesgo para el orden público o la seguridad.
Desde el ámbito policial advierten de que esta fórmula introduce una contradicción directa en el sistema. La prisión provisional responde a indicios de delito y a riesgos como fuga o reiteración delictiva. Sin embargo, ese contexto no impedirá que los internos puedan iniciar el proceso de regularización.
El principal impacto, subrayan las fuentes consultadas, se producirá en las expulsiones. La concesión de residencia legal refuerza el arraigo del extranjero, un elemento clave que dificulta tanto las expulsiones administrativas como las judiciales. «Se está dando un estatus que, en la práctica, bloquea la posibilidad de expulsión«, señalan.
El Sindicato Unificado de Policía insiste en que ignorar la situación procesal de estos reclusos «tensiona los criterios de seguridad» del sistema y altera el equilibrio entre control migratorio y garantías jurídicas.
La medida llega en un momento especialmente delicado. España arrastra desde hace años un desfase estructural entre las órdenes de expulsión dictadas y las ejecutadas. Sólo una parte mínima se materializa, debido a problemas de identificación, falta de cooperación con países de origen y saturación administrativa.
En este contexto, la regularización de presos introduce un cambio de lógica: personas que podrían acabar en el circuito de expulsión pasan a integrarse en procedimientos administrativos para obtener residencia.
El Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, ha confirmado que los presos preventivos podrán acogerse al proceso. Paralelamente, Instituciones Penitenciarias ha ordenado a las cárceles informar activamente a los internos extranjeros y facilitarles la documentación necesaria, lo que previsiblemente acelerará las solicitudes desde prisión.
La preocupación en los cuerpos policiales se centra ahora en el efecto acumulativo de esta medida sobre un sistema de expulsiones ya debilitado, y en la posibilidad de que la residencia legal se convierta en un blindaje efectivo para evitar el retorno de extranjeros implicados en procesos penales.
