El Gobierno de Pedro Sánchez presionó para que el DNI digital pudiera utilizarse en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, una medida que finalmente ha recibido la autorización de la Junta Electoral Central (JEC) después de que el Ministerio del Interior garantizara la instalación de dispositivos de verificación en las mesas electorales. El nuevo sistema permitirá acreditar la identidad mediante un código QR generado desde el teléfono móvil, pero no comprobará si el ciudadano reside realmente en el domicilio en el que figura empadronado.
La implantación de MiDNI coincide con la polémica por las presuntas irregularidades detectadas en los padrones municipales de diferentes localidades españolas. Uno de los casos más recientes se encuentra en Gandía (Valencia), donde se ha denunciado la existencia de 1.386 viviendas con más de seis personas empadronadas, incluyendo un inmueble en el que figuran hasta 57 residentes. La cifra representa un incremento de 148 viviendas respecto a 2025 y ha provocado nuevas exigencias de explicaciones al Ayuntamiento, gobernado por el PSOE.
Esta situación plantea interrogantes sobre los controles que existen entre los registros municipales y el censo electoral. La inscripción en el padrón constituye una de las bases para elaborar este último, por lo que un empadronamiento fraudulento podría tener consecuencias electorales si corresponde a un ciudadano con derecho a voto y llega a incorporarse indebidamente al censo utilizado en los comicios.
Sin embargo, el DNI digital no verifica la residencia efectiva del elector. La aplicación oficial de la Policía Nacional permite generar un código QR temporal que certifica la autenticidad de sus datos de identidad, pero no determina si vive realmente en la dirección que consta en los registros administrativos. Esta limitación también existe con el DNI físico, que acredita quién es su titular, pero tampoco certifica dónde reside habitualmente.
La Junta Electoral Central había suspendido anteriormente la utilización de MiDNI hasta contar con garantías técnicas suficientes para comprobar la identidad de los votantes. Finalmente, el pasado 5 de noviembre levantó esa suspensión después de que Interior confirmara que las mesas electorales dispondrían de dispositivos capaces de verificar los códigos QR generados por la aplicación.
Para hacer posible su utilización, el Ejecutivo ha aprobado una inversión de 7.000.455 euros destinada al alquiler de los dispositivos necesarios. Interior prevé distribuir más de 60.000 terminales a través de Correos durante la jornada electoral, acompañados de instrucciones específicas para los integrantes de las mesas.
El procedimiento obligará al ciudadano a abrir MiDNI delante de los miembros de la mesa y generar un código temporal que será examinado mediante el verificador oficial. Una vez comprobada su identidad, deberá verificarse también que figura inscrito en el censo electoral correspondiente.
En este sentido, el artículo 85 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) establece que el derecho a votar requiere tanto la acreditación de la identidad como la inscripción en las listas censales, salvo las excepciones legalmente previstas. Por tanto, disponer de MiDNI no permite votar a una persona que carezca de derecho de sufragio ni sustituye los controles del censo.
La controversia sobre los empadronamientos sitúa así el foco en una cuestión diferente: si las inscripciones irregulares detectadas en algunos municipios han llegado a trasladarse al censo electoral sin ser corregidas. Hasta el momento no existen pruebas de que MiDNI esté siendo utilizado para facilitar ese supuesto fraude, pero su implantación tampoco introduce una comprobación adicional sobre la residencia real de los electores.
De este modo, mientras el Gobierno defiende la modernización del proceso de identificación, las denuncias sobre los padrones municipales mantienen abierto el debate sobre la fiabilidad de los datos administrativos que sirven para determinar dónde puede ejercer su derecho al voto cada ciudadano.
