Responsables de FEPEX, de la Asociación Integrada (COEXPHAL) y de la Asociación Frutas y Hortalizas Europa (EUCOFEL) se han reunido esta semana con europarlamentarios de distintas formaciones políticas en Bruselas para exigir una respuesta firme ante el hundimiento del sector del tomate en España.
Durante las reuniones, los portavoces del sector agrario español expusieron con preocupación la drástica caída en la producción nacional de tomate destinado al consumo en fresco, que ha descendido un 31% en la última década, pasando de más de 2,3 millones de toneladas en 2014 a menos de 1,65 millones en 2024. A esta reducción productiva se suma un retroceso del 25% en las exportaciones hacia la Unión Europea —exceptuando al Reino Unido—, frente al descomunal incremento del 269% en las importaciones procedentes de Marruecos, que han saltado de apenas 18.000 toneladas a más de 66.000 en el mismo periodo.
FEPEX y sus organizaciones aliadas responsabilizan de esta situación a la deficiente aplicación del Acuerdo de Asociación firmado entre la UE y Marruecos en 2012, especialmente en lo relativo al sistema de precios de entrada que debía servir para salvaguardar la producción agrícola comunitaria. En opinión de estas entidades, dicho sistema no ha logrado proteger a los agricultores europeos y necesita una reforma urgente. Proponen, en concreto, establecer tarifas diferenciadas según el tipo de tomate importado, fijando umbrales de entrada que reflejen los costes reales de producción, además de activar la cláusula de salvaguardia cuando las importaciones extracomunitarias generen perjuicios graves a los productores locales.
Otro asunto clave abordado con los eurodiputados fue la expansión de las explotaciones bajo invernadero en el Sáhara Occidental, desde donde se está potenciando la exportación de tomate hacia Europa. Esta dinámica, advierten, amenaza con desplazar aún más a la producción española —especialmente la almeriense— y francesa del mercado comunitario. Por ello, insistieron en la necesidad de aplicar de forma estricta las dos sentencias emitidas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el pasado 4 de octubre de 2024.
La primera resolución judicial, correspondiente a los asuntos acumulados C-779/21 P y C-799/21 P, establece que los productos agrícolas procedentes del Sáhara Occidental no pueden beneficiarse de las preferencias arancelarias contempladas en el acuerdo entre la UE y Marruecos. La segunda sentencia, en el caso C-399/22, obliga a especificar claramente el país de origen o el lugar de procedencia de los alimentos producidos en ese territorio. Ambas decisiones, aseguran desde FEPEX, deben implementarse de manera íntegra y efectiva para frenar una competencia que consideran desleal y garantizar la continuidad de un sector estratégico para la agricultura española.
