El anuncio del Gobierno de Pedro Sánchez de una «regularización» masiva que permitirá a más de medio millón de inmigrantes en situación ilegal obtener papeles ha tenido un efecto inmediato sobre los servicios administrativos del Estado. Oficinas de Extranjería, consulados y padrones municipales han empezado a saturarse incluso antes de que se haya abierto el plazo oficial para iniciar los trámites, previsto, según el propio Ejecutivo, para el mes de abril.

La expectativa creada ha empujado a miles de personas a adelantar gestiones clave. Saben que deberán acreditar su presencia en España antes del 31 de diciembre de 2025 mediante un certificado de empadronamiento y demostrar la inexistencia de antecedentes penales en sus países de origen, un documento que sólo puede tramitarse a través de los consulados. Ante la imposibilidad de conseguir citas previas, la única alternativa ha sido hacer cola.

Uno de los ejemplos más visibles se encuentra en Alicante, donde desde la pasada semana decenas de personas permanecen día y noche en los alrededores del Consulado de Argelia, detalla El Mundo. Se trata de uno de los tres consulados argelinos en España y el único punto de referencia para quienes residen en todo el arco mediterráneo, desde Castellón hasta Cádiz, además de Ceuta y Melilla. Allí se concentran quienes necesitan otorgar poderes a familiares para que, desde Argelia, soliciten por ellos el certificado de antecedentes.

La afluencia masiva obligó a desplegar un dispositivo policial. Desde el martes, la Policía Nacional mantiene acordonada la zona, en plena calle Pintor Velázquez, junto al Mercado Central, para ordenar una cola que aspira a conseguir uno de los 400 números diarios que reparte el consulado. Sólo la renovación de pasaportes o la solicitud de visados admite cita previa. El resto debe esperar.

La situación empieza a generar tensiones en el entorno. Vecinos y comerciantes muestran comprensión, pero reclaman soluciones que eviten problemas de convivencia. En los primeros días se denunciaron personas durmiendo en portales y algunos enfrentamientos por el orden de la cola. La subdelegación del Gobierno prevé reunirse con el consulado para coordinar el dispositivo y vigilar posibles irregularidades, como la venta de citas o la falsificación de documentos.

El fenómeno se repite en otros puntos del país. En Canarias, con una presión migratoria constante, el Consulado de Marruecos concentra buena parte de las peticiones. En Barcelona, los consulados argelino y paquistaní se han convertido en la imagen de las colas interminables, con esperas que superan las cuatro horas. A pesar de haber ampliado horarios y abrir incluso en fin de semana, se calcula que llegan a atender a unas mil personas diarias.

En Cataluña, el Govern estima que entre 120.000 y 150.000 personas podrían acogerse a la «regularización«, cerca de una quinta parte del total previsto. Generalitat, Gobierno y entidades sociales y económicas celebraron una cumbre institucional para abordar su impacto. En Murcia, donde se calcula que podrían concederse hasta 50.000 permisos de residencia y trabajo, la presión recae sobre las unidades de Extranjería. Fuentes policiales admiten que, con las plantillas actuales, la carga resulta “inasumible”.

El colapso alcanza también a los ayuntamientos. En Valencia, la tercera ciudad de España, la cola rodea el edificio consistorial y no hay citas disponibles para el padrón hasta la próxima semana. La alcaldesa María José Catalá ha exigido al Ejecutivo que asuma responsabilidades. “No hemos recibido ninguna información oficial, pero sí sufrimos la incertidumbre. Falsas expectativas, propaganda y colapso de los servicios públicos: el manual de Sánchez”, denunció. Desde el consistorio hablan abiertamente de “efecto llamada” y derivan las consultas a la Delegación del Gobierno, mientras la oposición reprocha que los problemas en el padrón vienen de lejos.

La regularización aún no ha comenzado oficialmente, pero sus consecuencias ya se dejan sentir en todo el país. Sin planificación, sin refuerzos y con una administración desbordada, el anuncio del Gobierno ha abierto un escenario de caos que amenaza con agravarse en las próximas semanas.