El Ministerio de Asuntos Exteriores de Marruecos ha puesto en marcha una reordenación de sus procedimientos administrativos para acelerar la validación de poderes notariales y la emisión de certificados de buena conducta, documentos exigidos en el proceso de «regularización» impulsado en España por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. El objetivo oficial consiste en reducir los tiempos de atención consular y evitar el colapso de los servicios encargados de tramitar estas solicitudes.
Desde Rabat se habla de simplificar los circuitos administrativos para facilitar el acceso a los requisitos impuestos por las autoridades españolas. La medida llega en un momento de fuerte presión sobre los consulados, derivada de la elevada demanda generada por un proceso que anima a miles de ilegales a completar su documentación dentro del marco abierto por el Gobierno.
Este contexto ha terminado por alimentar un negocio paralelo de intermediarios que se aprovechan de la urgencia y la falta de alternativas de quienes intentan acogerse a la regularización. Las dificultades para obtener citas o presentar correctamente la documentación empujan a muchos solicitantes a depender de estas redes, lo que se traduce en retrasos prolongados y exigencias económicas abusivas.
La agilización anunciada por Marruecos pretende aliviar los efectos más visibles de este cuello de botella administrativo, pero no corrige los problemas de fondo. Un proceso basado en una alta demanda inducida, trámites digitales poco accesibles y una decisión política orientada a la «regularización» masiva arrastra consecuencias administrativas y sociales que el Gobierno de Sánchez ha decidido asumir sin abordar sus efectos a largo plazo.
