El veto del Gobierno de Pedro Sánchez al uso de las bases de Estados Unidos en Rota y Morón para operaciones vinculadas a la ofensiva contra Irán ha provocado un deterioro en la relación con Washington y ha puesto en el punto de mira dos infraestructuras esenciales para la defensa occidental y el tejido económico andaluz. La decisión ha generado críticas en Estados Unidos, donde voces como la del senador Lindsey Graham han planteado el cierre de ambas instalaciones.

La polémica coincide con las exigencias de Podemos y Sumar, socios del Ejecutivo, que reclaman la salida de las tropas estadounidenses de España. Un escenario que tendría consecuencias directas en Cádiz y Sevilla, con pérdidas superiores a los 600 millones de euros anuales y la desaparición de miles de empleos vinculados a estas bases.

Rota, un motor económico que depende de la presencia estadounidense

La base naval de Rota es una de las principales instalaciones militares de Estados Unidos en Europa y un enclave clave del escudo antimisiles de la OTAN. Desde allí operan destructores estadounidenses equipados con el sistema Aegis desplegados de forma permanente.

Su impacto económico resulta determinante. Cada día acceden a la base entre 11.000 y 12.000 personas, entre militares españoles, personal estadounidense y trabajadores de empresas auxiliares. Este flujo sostiene una amplia red de actividad industrial, logística y comercial en la provincia de Cádiz.

El impacto económico anual se sitúa en torno a los 600 millones de euros si se suman salarios, contratos industriales y consumo local. En un municipio como Rota, con algo más de 30.000 habitantes, la base constituye uno de sus principales pilares.

El sector naval depende de esta actividad. Empresas españolas mantienen contratos con la US Navy para el mantenimiento de buques desplegados en la base, algunos superiores a los 800 millones de euros hasta final de década. Estos trabajos sostienen alrededor de un millar de empleos directos en astilleros gaditanos y miles más en la industria auxiliar.

La presencia estadounidense también impulsa el mercado inmobiliario y el comercio local. Cerca de un millar de viviendas están alquiladas a personal vinculado a la base, lo que garantiza actividad durante todo el año en sectores como la hostelería, el transporte o los servicios.

El alcalde de Rota, el socialista Javier Ruiz Arana, ha reconocido que dos tercios de la economía local dependen de la base.

Morón, otro foco económico afectado por el pulso político

En Sevilla, la base de Morón de la Frontera mantiene un impacto más reducido, pero clave para la comarca. Aunque el empleo directo ronda el centenar de familias, la instalación sostiene una red de empresas auxiliares vinculadas a logística, mantenimiento y servicios.

El alcalde del municipio, Juan Manuel Rodríguez, ha advertido de que un eventual cierre supondría «el mayor ERE» de la historia local por su impacto sobre el tejido económico.

Una decisión política con consecuencias estratégicas

Las bases de Rota y Morón forman parte de la arquitectura de defensa occidental desde los acuerdos entre España y Estados Unidos en 1953 y su posterior integración en la OTAN. Su papel resulta esencial tanto en el plano militar como en el económico.

El movimiento del Gobierno de Sánchez introduce incertidumbre sobre esta relación estratégica. Mientras en Estados Unidos se plantean represalias, en España el debate político impulsado por la izquierda ignora el impacto real sobre miles de familias que dependen de estas instalaciones.

El contraste con la política presupuestaria del Ejecutivo es evidente. El Gobierno ha aprobado recientemente una transferencia extraordinaria de 1.339,5 millones de euros a Defensa, que se suma a otra de 10.400 millones para reforzar capacidades militares y cumplir con los compromisos de la OTAN.

Al mismo tiempo, Estados Unidos mantiene su apuesta por Rota. El Pentágono ha autorizado una inversión de 400 millones de euros para ampliar infraestructuras en la base gaditana, consolidando su papel estratégico y su peso como motor económico en el sur de España.

El pulso abierto por el Ejecutivo no sólo afecta a la relación con Washington, sino que coloca en una posición de incertidumbre a miles de trabajadores cuya actividad depende directamente de estas instalaciones.