El ex secretario de Estado Gaspar Zarrías ha decidido liquidar su empresa Zaño Sociedad Consultora S.L. apenas dos semanas antes de comparecer como testigo ante el juez en el marco del caso que investiga a la conocida como «fontanera de Ferraz», Leire Díez. La disolución, de carácter voluntario, fue publicada el 1 de abril en el Boletín Oficial del Registro Mercantil.
El titular del Juzgado número 9 de Madrid, el juez Arturo Zamarriego, ha citado a Zarrías a declarar el próximo 16 de abril para esclarecer su relación personal y profesional con Díez, quien habría intentado recabar información para interferir en investigaciones de la UCO y de la Fiscalía Anticorrupción que afectan al entorno socialista.
Zarrías ha negado cualquier vínculo entre el cierre de su empresa y la causa judicial. En conversación con El Confidencial, ha atribuido la decisión a motivos de salud y al compromiso adquirido con su familia tras cumplir 70 años en 2025. Sin embargo, el calendario de la disolución coincide con su citación judicial, en un momento de creciente presión sobre figuras vinculadas al PSOE.
Zaño S.L., creada en octubre de 2015 tras la salida de Zarrías de la política, funcionó como plataforma de consultoría y asesoramiento a empresas. Según diversas informaciones publicadas, ofrecía servicios orientados a facilitar el acceso a altos cargos del Gobierno de Pedro Sánchez.
La sociedad registró ingresos relevantes en los últimos años. En 2022 superó el millón de euros de facturación, con 1.206.181 euros. En 2023 alcanzó los 879.250 euros, con un beneficio de 100.259 euros. En 2024, ejercicio en el que mantuvo en nómina a Leire Díez entre junio y octubre, facturó 872.101 euros y obtuvo un beneficio de 88.797 euros.
Durante ese año, la empresa contaba con cuatro empleados fijos y destinó 276.098 euros a gastos de personal. El propio Zarrías percibió una retribución de 315.000 euros como administrador, cifra muy superior a la que recibía durante su etapa como diputado.
El salto al sector privado se produjo tras una etapa marcada por el caso de los ERE en Andalucía. Zarrías fue condenado en 2019 a nueve años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación, sentencia confirmada por el Tribunal Supremo en 2022. Posteriormente, el Tribunal Constitucional anuló parcialmente el fallo en 2024 y ordenó dictar una nueva resolución.
En ese contexto, el exdirigente socialista recondujo su actividad hacia la consultoría, en un modelo de negocio que le permitió mantener ingresos elevados y conexiones en el ámbito político y empresarial.
La consultora presentaba además un marcado carácter familiar. Como apoderado figura Juan Zarrías Caballero, mientras que la sociedad participaba en un 50% en la clínica Espacio de Salud Ayala 87, vinculada a Carmen Zarrías Caballero.
Este centro odontológico facturó 406.444 euros en 2023, aunque registró pérdidas superiores a los 129.000 euros.
La citación judicial de Zarrías se produce en un contexto en el que distintas investigaciones apuntan a una red de relaciones políticas y empresariales en torno al PSOE, con derivadas que afectan a antiguos cargos del partido y que amenazan con seguir erosionando la estructura interna de la formación.
