El pasado mes de julio, el fiscal general de China, Ying Yong, realizó una discreta escala en Madrid tras una visita oficial a Cuba. Aunque su agenda inicial sólo contemplaba el encuentro con las autoridades del régimen cubano, aliado político de Pekín, el alto funcionario del Partido Comunista Chino acabó pasando dos días en la capital española, una parada que no fue revelada públicamente hasta después de su llegada, el 21 de julio.

La elección de España como único destino europeo en los más de dos años que lleva Ying en el cargo no es casual. Mientras otros países de la Unión Europea han congelado sus relaciones judiciales con China, especialmente en materia de extradiciones, España sigue manteniendo una cooperación activa. Esto contrasta con la posición del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que en 2022 bloqueó la entrega de un ciudadano taiwanés desde Polonia por temor a violaciones de derechos humanos en el sistema penitenciario chino.

Durante su breve visita, Ying estuvo acompañado por fiscales de varias provincias del país asiático y mantuvo reuniones oficiales con el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y con el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido. Estos encuentros resultaron en la firma de dos memorandos de entendimiento centrados en la colaboración legal y el intercambio de información para combatir la delincuencia transnacional.

El Gobierno de Pedro Sánchez, que en los últimos años ha intensificado los contactos con China, ha considerado que la cooperación judicial es una parte esencial de una relación estratégica más amplia. Desde el lado chino, las autoridades calificaron los acuerdos firmados como un paso más en el fortalecimiento de los lazos bilaterales bajo la dirección de sus

Desde la histórica sentencia del TEDH contra la extradición del taiwanés Hung Tao Liu, ningún otro gran país europeo ha accedido a peticiones de entrega de ciudadanos por parte de Pekín. Sin embargo, España ha seguido haciéndolo. De las nueve extradiciones autorizadas desde 2022, al menos una implicó el traslado a China de un recluso acusado de estafa, que se encontraba en