El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha cubierto con parte de su patrimonio la fianza de 150.000 euros impuesta por el Tribunal Supremo en el marco del juicio por la presunta filtración contra Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, según han confirmado fuentes jurídicas.

Las mismas fuentes precisan que García Ortiz no disponía de esa cantidad en metálico y que el Supremo deberá analizar ahora si los bienes aportados cubren la suma fijada. Paralelamente, el fiscal general prepara un recurso de apelación al considerar que el monto es desproporcionado, recordando que en casos de agresión sexual las fianzas suelen establecerse en torno a los 50.000 euros.

La cifra la fijó el magistrado instructor, Ángel Hurtado, en 150.000 euros —rebajando los 300.000 solicitados por González Amador— para cubrir las posibles responsabilidades pecuniarias derivadas de una eventual condena. No obstante, la acusación particular ejercida por González Amador también ha recurrido, pidiendo elevar la cantidad a los 300.000 euros alegando que los daños morales sufridos como consecuencia del «relato político» no han cesado.

González Amador argumenta que desde el 14 de marzo de 2024, cuando la Fiscalía difundió un comunicado detallando los correos electrónicos entre su defensa y el fiscal que investigaba los delitos fiscales, no ha pasado un solo día sin que desde medios de comunicación o figuras políticas —incluido el ministro de Justicia— se le tache de «delincuente confeso» o «defraudador confeso».

El instructor envió a juicio a García Ortiz tras concluir que la noche del 13 de marzo de 2024 filtró a Cadena SER el correo en el que la defensa de González Amador reconocía los delitos fiscales a cambio de llegar a un acuerdo con la Fiscalía. Tras ocho meses de investigación, Hurtado procesó al fiscal general y a la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, aunque finalmente la Sala de Apelación exoneró a esta última, dejando a García Ortiz como único acusado.

El juicio, según las previsiones, se celebrará en noviembre con una duración aproximada de una semana, aunque podría prolongarse por la cantidad de testigos. La sentencia podría llegar a finales de año. El tribunal estará compuesto por siete magistrados de mayoría conservadora, presididos por Andrés Martínez Arrieta.

El fiscal general se enfrenta a penas de hasta seis años de cárcel y doce de inhabilitación, como reclama la acusación popular ejercida por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que le atribuye un delito de prevaricación en concurso con revelación de secretos. El magistrado instructor ha dejado abierta la posibilidad de ampliar el catálogo de delitos. García Ortiz debe presentar aún su escrito de defensa.