La apertura de juicio oral contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se ha convertido en un clamor dentro de la carrera judicial y fiscal. La decisión del juez Hurtado, avalada por la Sala de Apelaciones, ha llevado a numerosas asociaciones a reiterar que su permanencia en el cargo sólo sirve para «laminar el prestigio de la Fiscalía como institución».
La presidenta de la Asociación de Fiscales, Cristina Dexeus, subraya que la resolución del Tribunal Supremo era esperada y que la continuidad de García Ortiz «debilita la institución, tensa la situación al presentarse ante el tribunal como fiscal general del Estado» y compromete la imparcialidad del fiscal que intervenga en el proceso.
En la misma línea, la presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura, María Jesús del Barco, considera que el auto conocido el martes era «el paso que quedaba» y recuerda que ya pidieron públicamente a García Ortiz que no participara en la apertura del año judicial «por respeto a las instituciones».
Más contundente aún se ha mostrado el portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Sergio Oliva, que advierte de que España vivirá «una imagen nunca antes vista en democracia: un fiscal general sentado en el banquillo de los acusados». Aunque reconoce su derecho a la presunción de inocencia, recalca que la escena «causará un daño irreparable al prestigio de la Fiscalía española».
Desde Foro Judicial Independiente, Fernando Portillo incide en que la apertura del juicio oral era «inevitable» y alerta de que el hecho de que el máximo responsable del Ministerio Público esté procesado por delitos graves presuntamente cometidos en el ejercicio de su cargo «daña gravemente la imagen de la Fiscalía y la apariencia de imparcialidad de los fiscales del caso». A su juicio, las imágenes del juicio «quedarán para la historia, y no para bien».
Pese a este escenario, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha insistido en que «este Gobierno mantiene la confianza en el fiscal general del Estado y en su inocencia«.
Está previsto que el juicio, que durará alrededor de cinco días, se celebre en noviembre, una vez que la Abogacía del Estado presente el escrito de defensa. El tribunal estará presidido por Andrés Martínez-Arrieta, actual presidente de la Sala Penal del Supremo, junto a magistrados de peso como Manuel Marchena, Susana Polo, Antonio del Moral, Juan Ramón Berdugo y Carmen Lamela, a los que se sumará un séptimo juez.
