Como explicaban los mejores pensadores políticos, el poder —cualquier poder, también el más autoritario— descansa en última instancia en la opinión pública. Se ha dicho por activa y por pasiva, por lo expreso y por lo tácito. Quizá quien lo formuló con más claridad fuese David Hume en Of the First Principles of Government (1741): «Los gobernantes no tienen nada que los sostenga salvo la opinión. Por tanto, sólo sobre la opinión se funda el gobierno». Y Hume añade expresamente que esto vale tanto para los gobiernos despóticos y militares como para los libres y populares.
Dos siglos antes, La Boétie, en el Discurso de la servidumbre voluntaria (1548), había constatado que el tirano no tiene más poder que el que el pueblo le presta. En La democracia en América (1835-1840), Tocqueville describe el «imperio moral de la mayoría» como la fuerza característica de la democracia. Ortega y Gasset remacha: «Jamás ha mandado nadie en la tierra nutriendo su mando esencialmente de otra cosa que de la opinión pública».
La democracia vino precisamente a sacar a la superficie esa dependencia implícita. Si todo gobierno depende en el fondo de una aceptación de los gobernados, hagamos que esa aceptación se manifieste, se cuente, se contraste y que su ausencia pueda incluso expulsar del poder.
Se me objetará, con razón, que una cosa es la opinión pública en ese sentido profundo, que sostiene la legitimidad de un régimen, y otra muy distinta la popularidad coyuntural de un gobernante. Claro. Un presidente democrático no tiene obligación de ganar una encuesta cada mañana. Para eso existen los mandatos, los plazos electorales y la democracia representativa. Pero precisamente ahí empieza la paradoja.
Porque el mecanismo parlamentario, creado para recoger y encauzar la opinión de los gobernados, puede acabar protegiendo al Gobierno de esa misma opinión. La representación, que es imprescindible, es capaz de convertirse en aislamiento. La estabilidad, que es prudente, en impermeabilidad. Y una autorización electoral concedida un día concreto tiende a prolongar sus efectos jurídicos mucho después de que la corriente de opinión que la hizo posible haya cambiado de dirección.
Ahí estamos. No hace falta convertir los cánticos de estadios, conciertos, fiestas y plazas en una encuesta del CIS, pero, teniendo en cuenta las servidumbres de Tezanos, más cantan los cantos que las encuestas. Existe en España una hostilidad hacia Pedro Sánchez extensa, intensa y sostenida que aparece espontáneamente allí donde la expresión pública no está controlada. Sánchez y sus ministros tropiezan una y otra vez con ese rechazo cuando salen del perímetro del protocolo. Y, sin embargo, el presidente puede gobernar perfectamente diciendo: «Cartucho, que no te escucho».
¿Cómo? Por el parlamentarismo. No hay aquí ninguna impugnación jurídica. Sánchez está legitimado parlamentariamente mientras conserve la confianza necesaria del Congreso. Logra sumar los votos serviles de su partido, sometido a una disciplina interna férrea, y rapiñar los de grupos parlamentarios que lo desprecian o lo minusvaloran, pero que se aprovechan de su debilidad para cobrar cada apoyo. La opinión general del país se inclina —en defensa propia— en dirección contraria; pero mientras la aritmética parlamentaria aguante, al Gobierno, plim.
Por supuesto, la democracia representativa no debe vivir pendiente de cada vaivén de la opinión. Lo peligroso empieza cuando deja de ser un desfase momentáneo y se convierte en un método de gobierno. Cuando un Ejecutivo que sabe que no puede ya apoyarse holgadamente en la opinión utiliza, precisamente, su supervivencia parlamentaria para modificar instituciones y reglas que habrán de sobrevivirle. El enfrentamiento continuado con el Poder Judicial, la gravísima controversia abierta en torno al censo electoral por la llamada ley de nietos o los bandazos dados a líneas maestras de nuestra política internacional adquieren entonces una gravedad añadida.
Pedro Sánchez no ha inventado el parlamentarismo, pero ha descubierto hasta qué punto puede utilizarse como aislante. Que haya conseguido el divorcio exprés entre el régimen de opinión y la legalidad parlamentaria no es la menor de sus antihazañas democráticas.
