En la lucha política, las izquierdas llevan las de ganar frente a las derechas (al menos las españolas) porque están permanentemente movilizadas y conspirando. La derecha, al menos la vieja derecha, suele retirarse voluntariamente cuando llega al gobierno, como se comprobó en 2011, cuando el PP obtuvo la mayoría absoluta en las Cortes y luego no modificó ni una sola de las leyes del socialista Zapatero. En cambio, para las izquierdas la derrota es un estímulo, para la purga y el combate.

Y así lo demuestra Pedro Sánchez, quien ha realizado una verdadera conquista del poder, recurriendo a conjuras, alianzas, promesas y pagos, primero dentro del PSOE y luego en la sociedad y el Parlamento. Mientras, los gerifaltes del PP aguardan que el coche oficial aparezca de un día a otro en la puerta de su casa por ensalmo, porque ellos se lo merecen desde que aprobaron las oposiciones a abogado del estado.

Otro ejemplo es la historia de la Segunda República. El único partido organizado que había en España a la caída de la Dictadura de Primo de Rivera (1930) era el PSOE, gracias a la labor de supresión de los partidos del turno, el conservador y el liberal, hecha en los años anteriores. La única máquina política en funcionamiento siguió siendo la socialista en el año y medio escaso hasta la proclamación de la República. En frente sólo tenía figurones que se creían muy importantes. En las primeras elecciones, las hechas a Cortes Constituyentes, las derechas estaban tan asustadas y desorganizadas que no ganaron ni un 20% de los 470 escaños de la nueva Cámara. En cambio, el PSOE obtuvo 115 y fue la minoría mayoritaria.

Las izquierdas aprendieron la lección de su derrota en las elecciones de noviembre de 1933. La ley electoral aprobada por ellas mismas premiaba a las mayorías en el reparto de escaños. Las derechas fueron capaces de unirse y de esta manera se hicieron con el control del Parlamento. El PSOE cayó al tercer puesto.

Cuando el presidente de la República, Niceto Alcalá-Zamora, se negó a sus peticiones de impedir la reunir de las Cortes y de repetir las elecciones, se pasaron a la preparación de un golpe de estado. En la revolución de octubre de 1934, anunciada profusamente en la prensa socialista, participaron el PSOE, la UGT y la ERC catalanista. El Ejército la derrotó al precio de más de 1.300 muertos. Pero el Gobierno parlamentario de centro-derecha no se atrevió a prohibir el partido socialista, aunque en sus sedes la Policía había encontrado armas y sus militantes habían participado en el golpe y en atentados.

Durante el año 1935, el socialista Indalecio Prieto (el español más cobarde del siglo XX, ya que huyó cuatro veces del país, la última en 1938, para no ser juzgado por sus responsabilidades en huelgas generales y golpes de estado) y el republicano de izquierdas Manuel Azaña, coincidieron en que debían presentarse juntos en una coalición electoral, como el Frente Popular francés.

Cuando el 30 de noviembre el Tribunal Supremo le absolvió de la acusación de rebelión por el golpe de estado de 1934, Francisco Largo Caballero se unió a las conversaciones. Éste pudo imponer sus condiciones en su condición de secretario general del sindicato UGT, que tenía más afiliados que el mismo PSOE y los demás partidos.

A fin de año, quedó claro que en pocas semanas Alcalá-Zamora disolvería las Cortes, ya que rechazaba nombrar presidente del Gobierno al ministro de la Guerra, José María Gil-Robles, jefe de la CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas), la minoría mayoritaria. En su lugar, había colocado el 14 de diciembre a un viejo politicastro republicano que ni siquiera era diputado, Manuel Portela Valladares. Éste gobernó con la Cámara cerrada y antes de que las derechas exigieran responsabilidades a los dos compinches, Alcalá-Zamora disolvió el Congreso el 7 de enero, cuando había consumido sólo la mitad de la legislatura.

Las conversaciones entre los partidos de izquierdas se aceleraron, mientras las derechas, frustradas por un bienio estéril, caían en disputas. Aunque Gil Robles, por la CEDA, y José Calvo Sotelo, por Renovación Española, proponían un bloque contrarrevolucionario, no fueron capaces de ir juntos, salvo en circunscripciones como Madrid. Falange Española se presentó sola. El PNV, obsesionado con el estatuto de autonomía, rechazó todo acuerdo si las demás derechas no cumplían esta condición. Encima los dos amigachos, Alcalá y Portela, añadían más confusión al montar desde sus despachos y los gobiernos civiles un partido de centro, cuyos candidatos pactaban en unas provincias con el Frente Popular y en otras con la CEDA.

Largo Caballero exigió la inclusión del Partido Comunista, que sólo tenía un diputado, del recién fundado POUM (luego perseguido por los comunistas y socialistas durante la guerra) y de las Juventudes Socialistas. Entre los republicanos burgueses sólo se opuso Felipe Sánchez Román, jefe del Partido Nacional Republicano, con tal convicción que abandonó la última de las reuniones, la noche del 14 de enero. A la mañana siguiente se anunció a la prensa la formación del Frente Popular.

El programa de la coalición española tenía un contenido revolucionario del que carecía el del Frente Popular francés, pues incluía la nacionalización de la banca, la expropiación total de la tierra (salvo las pequeñas parcelas cultivadas por sus propietarios) sin indemnización y el control obrero de la producción. Y el PSOE lo firmó en nombre de los comunistas. La promesa movilizadora fue la amnistía para los condenados y encarcelados por la revolución de octubre de 1934, que ascendían a miles, desde Lluís Companys y su gobierno de la Generalidad a dinamiteros asturianos y pistoleros vascos.

En Cataluña se formó el Front d’Esquerres de Catalunya, con Esquerra Republicana (ERC) como columna vertebral, a la cual apoyaba el Frente Popular. En frente, otro viejo político de la derecha: Francesc Cambó.

Los burgueses como Azaña, Diego Martínez Barrios, José Giral o Santiago Casares Quiroga aceptaron el programa y la incorporación del PCE y otras fuerzas igual de extremistas porque, ante todo, querían regresar al poder de la que consideraban su República y, también, porque creían que podrían controlar al PSOE. En los primeros puestos de las listas había más candidatos de los partidos Izquierda Republicana y Unión Republicana que socialistas y comunistas.

La siguiente parte del plan consistió en ganar las elecciones, por las buenas o por las malas, y para ello las izquierdas prepararon a sus masas para tomar las calles en cuanto empezara el recuento. Antes, sin embargo, desde el 1 de enero hasta el domingo 16 de febrero, la fecha de la primera vuelta electoral, se registraron al menos 37 muertos por violencia política (socialistas, comunistas, anarquistas, falangistas, policías y gente sin vínculos políticos conocidos). Y unos cuarenta mítines no pudieron celebrarse o fueron interrumpidos; cuatro de cada cinco por acción de los matones de las izquierdas.

Tan seguras estaban las izquierdas de su victoria que, como cuenta Alcalá-Zamora en sus memorias, elaboraron “listas negras” de funcionarios para depurar (policías, militares, fiscales, jueces) por haber hecho fracasar la sublevación de 1934 y otras listas de funcionarios adictos, expulsados por su implicación en ésta, a reincorporar inmediatamente, incluso al Ejército, la Guardia Civil y la Guardia de Asalto.

El bloque mayoritario dentro del PSOE buscaba la guerra civil desde el verano de 1933 para imponer la «dictadura del proletariado». Largo Caballero, que había sido ministro de Trabajo en los Gobiernos de Alcalá-Zamora y de Azaña, lo dijo en la campaña electoral de 1933: «Pongámonos en la realidad. Hay una guerra civil… No nos ceguemos camaradas. Lo que pasa es que esta guerra no ha tomado aún los caracteres cruentos que, por fortuna o desgracia, tendrá inexorablemente que tomar». Y es que el partido sovietizante en la Segunda República fue el PSOE más que el PCE.

Antes de que acabase el verano de 1936, España se había precipitado a esa guerra civil y Largo Caballero había alcanzado su sueño de ser presidente de Gobierno y ponerse a hacer la revolución.