En algo saca ventaja la izquierda a la derecha, y es en el cuidado con que trata a los suyos, aunque sean delincuentes, sobre todo si esos delitos los han cometido al servicio de la causa (la redención de los pobres, como ya sabemos), del partido (del que proviene toda merced) o del secretario general (al que se debe obediencia y reverencia).
Del presidente de gobierno a la última «charo» han salido en tromba a defender la inocencia de Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, a pesar de la condena que acaba de dictar el Tribunal Supremo por el delito de revelación de secretos. Los más aguerridos, entre ellos ministros y parlamentarios, denuncian un golpe de estado judicial y hasta acusan al tribunal de «preparar el terreno para un enfrentamiento civil«.
El argumento de que se ha condenado «sin pruebas» a García Ortiz ya lo usaron los socialistas cuando la Audiencia Provincial de Sevilla sentenció a dos de los presidentes del PSOE, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, por prevaricación a cuenta del caso de los ERE de la Junta de Andalucía. De la misma manera, los admiradores de la ex presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner repiten que ésta ha sido «condenada sin pruebas» por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
Para conseguir la impunidad en sus manejos políticos o económicos, muchos líderes de izquierdas proceden así: primero, manipulan los nombramientos y ocupan los tribunales con togados adictos, como en España ha ocurrido con el Tribunal Constitucional, y, luego, tratan de amedrentar a los jueces que se atreven a investigarles, procesarles y enviarles a la cárcel. La lluvia de insultos es interminable: títeres, golpistas, fascistas, mentirosos, privilegiados…
¡Por lo menos no hay amenazas de muerte! Y es que en España existe una lista de asesinatos de presidentes de Gobierno, obispos y jueces y fiscales por parte de terroristas que se proclaman socialistas, comunistas o anarquistas.
El fiscal asesinado junto a sus hijos
Si ahora el PSOE ampara a un fiscal general, hace noventa años, durante la guerra civil, otro fiscal general fue asesinado por sicarios del mismo partido por atreverse a procesar a Francisco Largo Caballero y pedir 30 años de cárcel para él: el vasco Marcelino Valentín Gamazo (1879-1936), un abogado del estado republicano y católico, nombrado fiscal general de la República por el presidente Niceto Alcalá-Zamora en 1935.
Después de la rebelión del PSOE, de ERC y del sindicato UGT en octubre de 1934 contra el Gobierno de Alejandro Lerroux, porque las elecciones del año anterior las había ganado la CEDA, fue detenido Francisco Largo Caballero, entonces presidente del PSOE y secretario general de UGT, y encarcelado durante trece meses. A Valentín Gamazo, como fiscal general de la República, le correspondió acusarle del delito de rebelión militar y pedir para él la pena de treinta años de cárcel.
Largo Caballero mintió en la vista oral, como reconoció posteriormente, a fin de no implicar a sus camaradas. Dijo no haberse enterado de los preparativos para la sublevación, en la que murieron más de 1.300 personas. La vista comenzó el 25 de noviembre de 1935 y a los cinco días el Tribunal Supremo ordenó su puesta en libertad por falta de pruebas… o por miedo a la reacción del PSOE, que seguía siendo un partido legal. Valentín Gamazo dimitió de su puesto. Sin embargo, el golpista, apodado «el Lenin español», no perdonó al jurista que cumplió con su obligación. Poco después se cobraría su venganza.
En el verano de 1936, cuando las milicias de izquierdas ocupaban violentamente las calles y la policía detenía a las víctimas, Valentín Gamazo y su familia se trasladaron a Rubielos Altos, un pueblo a doscientos kilómetros de Madrid, situado entre la ciudad de Cuenca y la provincia de Valencia. Allí su esposa, Narcisa Fernández Navarro de los Paños, tenía una casa y unas fincas. Aunque en Rubielos Altos residían sólo unos trescientos vecinos y estaba alejado de las carreteras principales y de los combates, los socialistas le encontraron.
El 5 de agosto irrumpió en la vivienda un grupo de diez o doce milicianos socialistas en una camioneta requisada. Según cuenta Lorenzo Fernández Navarro de los Paños, autor de un reportaje exhaustivo sobre el destino de Marcelino Valentín Gamazo, los sicarios les dijeron que venían a trasladar al ex fiscal a Albacete para declarar ante un tribunal popular; ya, de paso, se llevaron con él a sus tres hijos mayores, Luis Gonzaga (17 años), Francisco Javier (20 años) y José Antonio (21 años).
Pero en cuanto salieron del pueblo, torturaron a los cuatro durante el resto del día; y el 6 de agosto los asesinaron a tiros en un olivaren la carretera que va de Tébar al Picazo. A Valentín Gamazo le obligaron a presenciar la muerte de sus tres hijos varones. Los socialistas abandonaron los cadáveres y presumieron de su matanza en un pueblo vecino. Largo Caballero había sido vengado de la afrenta que le infligió el fiscal general de la república.
Algunos vecinos de Rubielos Altos recuperaron los cuerpos y los entregaron a su esposa, que quedó con los cinco hijos pequeños. Se les enterró en el pueblo.
El régimen de Franco concedió a la viuda el 1 de enero de 1942 como pensión extraordinaria el sueldo anual de abogado del Estado que cobraba su marido cuando fue asesinado: 14.000 pesetas anuales. En el BOE quedan registradas las circunstancias: «su muerte ejemplar por Dios y por la Patria, asesinado por la horda marxista con tres de sus hijos”.
Para Marcelino Valentín Gamazo, asesinado junto a tres de sus hijos sin siquiera la pantomima de un juicio farsa por cumplir con su deber, no hay «memoria histórica» oficial que le recuerde.
Contrasta con la conducta que tuvo el régimen de Franco con Iglesias Portal
Esta conducta despiadada contrasta con la que tuvo el régimen franquista con el juez que presidió el tribunal especial (así se llamó) que el 18 de noviembre de 1936 dictó la condena a muerte de José Antonio Primo de Rivera, fundador de Falange Española.
El juez Eduardo Iglesias Portal (1884-1969) se enfrentó al Directorio Militar del general Primo de Rivera por la investigación del doble asesinato del expreso de Andalucía (1925). Durante la Segunda República instruyó diligencias por el intento de golpe de estado del general Sanjurjo, en agosto de 1932 e investigó a varios políticos, como Alejandro Lerroux, Melquiades Álvarez y José Antonio Primo de Rivera. Después de la Revolución de Octubre, desencadenada por el PSOE, ERC y la UGT, votó en contra del procesamiento del ex ministro Manuel Azaña.
Sustituyó al juez de guardia, titular del Juzgado número 3 de Madrid, Ursicino Gómez Carbajo, que se encargó de las primeras diligencias por el secuestro y asesinato del diputado José Calvo Sotelo, por encargado del Tribunal Supremo, con aprobación del Consejo de Ministros, presidido por Casares Quiroga. Mandó la detención del cabecilla del comando terrorista que cometió el crimen, el capitán Fernando Condés, pero no se cumplió su orden.
Para encubrir el magnicidio, un grupo de milicianos socialistas miembros de La Motorizada, los matones de Indalecio Prieto, robó el sumario del mismo Supremo el 25 de julio, cuando Iglesias estaba ausente. Al regresar una hora después, se enfrentó con uno de los milicianos que le esperaban.
En los meses siguientes desempeñó varios cargos por nombramiento del Gobierno del republicano y masón José Giral. El 12 de noviembre de 1936, el ministro de Justicia, el anarquista Juan García Oliver, lo nombró presidente del Tribunal Especial para el juicio contra José Antonio Primo de Rivera y otros. El tribunal condenó a muerte al fundador de la Falange, a cadena perpetua a su hermano Miguel y a seis años a la esposa de éste, Margarita Larios.
Como cuenta el biógrafo de Iglesias Portal, el periodista Honorio Feito Rodríguez, cuando a José Antonio se le comunicó su condena, subió al estrado y abrazó al magistrado. El consejo de ministros, presidido desde el 4 de septiembre por Largo Caballero y con otros socialistas en él, como Indalecio Prieto, Julio Álvarez del Vayo, Juan Negrín y Ángel Galarza, dio el enterado y la ejecución se cumplió.
Iglesias se exilió a México, donde permaneció 18 años. Se vinculó al Gobierno republicano de manera tan intensa que trabajó como su asesor jurídico y, después lo hizo de la embajada que los republicanos abrieron en la capital mexicana.
Cuando el general Franco dictó el decreto de 9 de octubre de 1945 por el que se concedía un indulto general por todos los delitos políticos cometidos hasta el 1 de abril de 1939, la familia del antiguo magistrado trató de obtener el permiso del régimen para su regreso. A estos esfuerzos se unió la familia Primo de Rivera.
Al final se aprobó un indulto específico en un consejo de ministros celebrado en 1956. En 1959, Iglesias Portal regresó a España y en 1961 otro decreto, firmado por Franco y el ministro de Justicia Antonio Iturmendi, le reconoció la pensión de jubilación correspondiente a un magistrado del Supremo. Falleció en Aguilar de la Frontera (Córdoba), de donde era la familia de su esposa, en enero de 1969.
