El Tribunal Supremo ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortíz, a dos años de inhabilitación y a una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador.
Como responsabilidad civil el TS declara que deberá indemnizar a González Amador con 10.000 euros por «daños morales».
El tribunal ha adelantado su fallo una semana después de que concluyera un juicio histórico —porque ha sido la primera vez que un fiscal general del Estado se ha sentado en el banquillo de los acusados—.
García Ortíz también ha sido condenado al pago de las costas procesales —incluyendo las de la acusación particular—. El fallo ha sido comunicado a las partes, pero no habrá efectos hasta que se notifique la sentencia.
