Correos activó medio mes después de comenzar el proceso de «regularización» masiva de inmigrantes ilegales un nuevo protocolo interno para comunicar posibles casos de documentación presuntamente falsa. Según cuenta ABC, la instrucción fue incorporada el pasado 8 de mayo en la quinta actualización del manual operativo remitido a los trabajadores de las 373 oficinas participantes en el procedimiento.
El documento, identificado como versión V05, establece que los empleados de ventanilla deberán cumplimentar un formulario específico cuando, «a título personal», detecten indicios de posible falsedad documental en las solicitudes registradas. Tras tramitar la petición mediante el sistema informático Mercurio, los trabajadores deberán conservar determinada información del solicitante y remitir la incidencia a la Unidad de Tramitación de Extranjería (UTEX) a través del módulo habilitado en el servicio SIEG.
La actualización del protocolo se produjo semanas después del inicio del proceso de regularización y cuando las oficinas de Correos ya estaban registrando alrededor de 3.500 solicitudes diarias, según indica el diario de Vocento. El formulario interno incluye campos destinados a recoger datos identificativos del solicitante, el número de expediente y observaciones sobre la documentación que el empleado considere dudosa. Entre los documentos que, según distintas fuentes, generan mayor preocupación figura el certificado de antecedentes penales.
La nueva instrucción ha suscitado cuestionamientos entre representantes sindicales policiales, que consideran que la detección de documentación falsa corresponde a personal especializado y no a empleados administrativos. El real decreto que regula la colaboración de Correos en el proceso atribuye a la empresa funciones de apoyo y gestión telemática de solicitudes, así como la captura de datos en la aplicación informática correspondiente, sin mencionar tareas vinculadas a la evaluación de autenticidad documental.
Además, el manual incorpora indicaciones sobre la conservación de información relacionada con expedientes sospechosos, una disposición que, según fuentes sindicales, entra en contradicción con otros apartados del mismo documento relativos a la protección de datos personales. En concreto, las instrucciones generales establecen que los empleados no deben archivar ni conservar documentación una vez finalizada la prestación del servicio.
Representantes sindicales sostienen que esta situación genera una «contradicción jurídica» para los trabajadores, al exigirles simultáneamente preservar información sensible y cumplir compromisos de confidencialidad previamente firmados. También señalan que el manual no incluye criterios técnicos ni ejemplos específicos que permitan identificar posibles falsificaciones documentales.
