La Guardia Civil ha detenido en Navarra a cinco personas acusadas de integrar un presunto grupo criminal dedicado al favorecimiento de la inmigración ilegal mediante la tramitación fraudulenta de permisos de residencia y trabajo a cambio de compensaciones económicas. Entre los arrestados figura una funcionaria de la Oficina Única de Extranjería de Pamplona, a quien la investigación atribuye un papel «fundamental» dentro de la estructura investigada.
La operación ha sido desarrollada por el Grupo de Información de la Guardia Civil de Navarra y la Jefatura de Información, bajo la dirección de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia número 3 de Pamplona. Además de la empleada pública, actualmente de baja laboral, han sido detenidos cinco inmigrantes de nacionalidad china y marroquí.
Tras pasar a disposición judicial, la magistrada instructora decretó el ingreso en prisión de cuatro de los investigados. Dos de ellos ingresaron en prisión provisional comunicada y sin fianza, entre ellos la funcionaria de Extranjería, mientras que otros dos quedaron encarcelados con una fianza fijada en 5.000 euros. La quinta persona arrestada quedó en libertad con medidas cautelares.
Los detenidos están investigados por los presuntos delitos de favorecimiento de la inmigración ilegal y pertenencia a grupo criminal. Según consta en los autos judiciales, la trabajadora pública podría haber estado vinculada a la actividad investigada desde 2024, desempeñando supuestamente las gestiones burocráticas y administrativas finales necesarias para la obtención de permisos.
La investigación se inició el pasado año después de que un hombre denunciara haber entregado 5.000 euros al presidente de una comunidad islámica de una localidad de la Ribera navarra para tramitar documentación relacionada con un permiso de trabajo. Tras no obtener el resultado prometido, presentó denuncia ante la Guardia Civil, lo que motivó el inicio de las pesquisas.
Las diligencias practicadas permitieron identificar un supuesto entramado dedicado a captar inmigrantes ilegales y ofrecerles intermediación para «regularizar» su situación administrativa en España mediante pagos económicos. Según la investigación, la organización actuaba de manera coordinada y contaba con diferentes funciones distribuidas entre sus integrantes.
En el dispositivo participaron también agentes del Grupo de Acción Rápida (GAR) y de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de Pamplona (USECIC).
