La inmigración masiva sigue agravando muchos de los problemas que ya sufre España. En sólo cuatro años, entre 2021 y 2025, han llegado al país 615.000 inmigrantes mayores de 55 años, una cifra superior a la población total de Málaga. Este dato, extraído de un análisis reciente, pone de manifiesto cómo la llegada masiva de personas en edades avanzadas está impactando directamente en la sostenibilidad del sistema de pensiones español.
Según un informe de AIReF recogido en un gráfico publicado por el economista Santiago Calvo, el perfil de estos inmigrantes —que difícilmente superarán los 20 años de cotización antes de jubilarse— cae precisamente en la franja que genera mayor rentabilidad y, por tanto, mayor coste para el sistema público. El gráfico detalla la tasa interna de retorno nominal de las pensiones contributivas de los principales grupos de población femenina en función del número de años cotizados a la Seguridad Social, diferenciados por colores según si tienen algún tope contributivo.
Así, las pensiones mínimas para mujeres con menos de 20 años cotizados arrojan una tasa interna de retorno del 8,0%, mientras que para el tramo entre 20 y 25 años se sitúa en el 7,1%. En el caso de las que han cotizado entre 25 y 44 años, la tasa baja al 6,3%, y para las de más de 44 años se reduce hasta el 5,4%. Por el contrario, las carreras completas sin topes apenas alcanzan el 5,4% de retorno, y las pensiones máximas para mujeres de entre 25 y 44 años y de más de 44 años se quedan en el 5,7 y el 5,6%, respectivamente.
El análisis del economista subraya que una pensión mínima con menos de 20 años cotizados puede llegar a ofrecer hasta un 9,5% de tasa interna de retorno, mientras que una trayectoria laboral completa se queda en torno al 5%. Es decir, el sistema paga mucho más de lo que recibe de estos cotizantes de última hora. Este escenario es, según el análisis, el peor posible para las pensiones.
Los inmigrantes que llegan a partir de los 45 años incorporan un saldo negativo a las cuentas públicas: contribuyen poco tiempo y, en muchos casos, acceden a pensiones mínimas o no contributivas que el Estado debe financiar con los impuestos y cotizaciones de los trabajadores actuales. El problema se agrava en un contexto donde España ya arrastra un déficit estructural en la Seguridad Social y una demografía envejecida.
Expertos consultados señalan que esta inmigración no sólo no resuelve el problema de las pensiones, sino que lo acelera: muchos de estos recién llegados no vienen a cotizar activamente, sino que se reagrupan familiarmente y acaban dependiendo de prestaciones como el Ingreso Mínimo Vital, la sanidad pública o, a medio plazo, pensiones no contributivas. El resultado es un mayor gasto en pensiones y servicios sociales sin un aporte proporcional previo.
